La arrestada mientras desempeñaba la titularidad de un Juzgado de Familia de Pilar (Argentina), al parecer, se lucraba económicamente al proponer a las asistentes sociales, integrantes del equipo técnico del Juzgado a su cargo, acudir a los barrios pobres de la ciudad argentina a «conseguir panzas».
Esta acción consistía en identificar a mujeres vulnerables en estado de gestación, dispuestas a entregar en adopción a los hijos que esperaban, para facilitar así los procesos de adopción a matrimonios adinerados de la zona de quienes recibía ventajas económicas.
Además, la arrestada manipuló la fecha de diversos documentos públicos, antedatándolos y simulando de ese modo que su firma había sido estampada en distintas providencias y resoluciones judiciales cuando ya no se encontraba trabajando en el ámbito de la República Argentina.
Una vez comprobada la vigencia de la orden que le constaba a la detenida se realizaron gestiones de investigación las cuales dieron como resultado una posible ubicación de la misma en la provincia de Valencia.
Tras las pesquisas de los agentes que permitieron averiguar la localización concreta de la fugitiva, acusada de delitos de cohecho activo y falsedad documental público, se llevó a cabo la detención en la ciudad de Valencia. Por estos hechos, se enfrenta a una pena máxima de prisión de seis años.
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