Destapan a una banda internacional con 1.200 kilos de hachís en bidones de arena para las obras

En la operación han detenido a siete ciudadanos británicos, integrantes de la organización, que escondía el estupefaciente en el interior de estos envases de plástico de gran capacidad rellenados con el material fino de mortero empleado en la construcción.

 Se han realizado registros en una finca de Elche, que la organización utilizaba como «guardería»-donde se localizó la sustancia estupefaciente- y en tres domicilios de Marbella y Fuengirola, donde se intervinieron «muestras» de hachís con los mismos anagramas que la droga hallada en la nave.

La investigación se inició el pasado mes de abril cuando los agentes tuvieron conocimiento de que operaba este grupo de ciudadanos de origen británico dedicado al tráfico internacional a gran escala de sustancias estupefacientes, para lo que utilizaban camiones de gran tonelaje. En el mes de mayo, los investigadores localizaron uno de los vehículos utilizados y comprobaron que se encontraba registrado a nombre de la empresa de los arrestados.

Tras este hallazgo, los agentes localizaron la finca ilicitana donde simulaban una actividad legal, ya que en su interior había gran cantidad de material de obra civil. En este lugar se pudo comprobar que existía un continuo trasiego de entrada y salida de esta mercancía apilada sobre palés, como adoquines, bidones, tubos de polietileno o sacos de arena.

Los investigadores evidenciaron una intensa actividad de los miembros de la organización en el interior de la nave y detectaron que podrían estar planeando la introducción de una gran partida de sustancia estupefaciente en España. Por ello, se inició un operativo para el registro de la nave en la que los agentes localizaron 1.200 kilos de hachís y detuvieron a cuatro miembros de la organización. Hallaron parte de la droga dispuesta en fardos de arpillera y paquetes de menor tamaño.

El resto de la sustancia estupefaciente se encontraba oculta en el interior de bidones de plástico de gran capacidad, apilados sobre palés, que los investigados rellenaban con arena fina de mortero de obra para trasladarla en el interior de los camiones. Además de la droga, en el registro se intervinieron dos inhibidores de frecuencia.

De forma paralela a la práctica del registro de la nave en la provincia de Alicante, se llevaron a cabo las detenciones de otros tres investigados en las localidades de Marbella y Fuengirola (Málaga). En estas localidades se realizaron tres registros domiciliarios en los que se intervinieron diversas cantidades de hachís dispuestas en tabletas, conocidas como «muestras», algunas de ellas con los mismos anagramas que las halladas en la finca de Elche.

Además, se incautaron más de 63.000 euros en efectivo, cinco vehículos tipo turismo y un camión de gran tonelaje, dispositivos electrónicos como un detector de frecuencias, una baliza, dos ordenadores, teléfonos móviles, un navegador GPS y cuatro equipos de transmisiones tipo walkie talkie. Además del efectivo intervenido, se han llevado a cabo bloqueos de cuentas bancarias por valor superior a los 40.000 euros. Todos los detenidos han ingresado en prisión provisional.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea. Esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio.

Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.