Desarticulan una funeraria en Valencia que traficaba con cadáveres por 1.200 euros con una universidad privada

Según confirman fuentes cercanas a la investigación, los arrestados falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos sin vida de hospitales -como La Fe de Valencia- y residencias para venderlos posteriormente a una universidad privada de la provincia para su estudio por 1.200 euros cada cadáver.

Así, la principal empresa investigada, la funeraria Montesinos -ubicada en el barrio valenciano de Benimaclet-, llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar hasta once incineraciones de cuerpos una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha concretado que son dos los cadáveres que se han dectectado de los cuales se habría hecho un uso fraudulento. Preguntada si han fallado los controles en este caso, ha señalado que es una investigación que se está haciendo desde hace un tiempo y los controles no han fallado. «Al contrario, lo que hemos hecho ha sido poner de manifiesto que se había producido y ahora están depurándose las responsabilidades», ha añadido.

Las pesquisas se iniciaron a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cuerpo de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.

Los investigadores comprobaron como dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura. El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.

En paralelo, localizaron otro caso con el mismo modus operandi, esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.

Sobre este, pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.

Por otro lado, y continuando con las pesquisas, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia.

Parece ser que, según apunta la Policía, los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica.

Finalmente, ante tales hechos, los agentes detuvieron a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma, de entre 41 y 74 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa, además a dos de ellos también se les atribuye un delito de falsedad documental.

En cuanto a las facultades de medicina que operan en la capital del Turia, ABC se ha puesto en contacto con la Universidad Católica de Valencia, cuyo decano de Ciencias de la Salud, Carlos Barrios, ha confirmado que desconocen este entramado criminal desmantelado por la Policía Nacional, que han tenido constancia de lo ocurrido tras la publicación de este diario, y que poseen «toda la documentación en regla» sobre los cuerpos sin vida que emplean en sus actividades docentes.

Asimismo, Barrios ha apuntado que la UCV funciona únicamente a base de donaciones estrictamente pautadas y firmadas con funerarias o empresas anatómicas especializadas, a las cuales nunca se les abona por facilitar los cuerpos de estudio. Estos, posteriormente, son incinerados y, en la mayoría de casos, devueltos a sus familias. Al respecto, concreta que la universidad recibe tres o cuatro cadáveres al año para labores de investigación y que no existe un perfil concreto, aunque sí es cierto que muchos son de procedencia extranjera, entiende, por la dificultad de ser repatriados.

Del mismo modo, la Universitat de València ha asegurado a este periódico que trabaja con protocolos seguros para la aceptación de donaciones altruistas de cadáveres para docencia e investigación. «La Facultad de Medicina y Odontología no compra cadáveres, sino que acepta donaciones en vida después del cumplimiento de unos requisitos rigurosos», concretan desde la UV.

Sobre este tema, señalan que no se ha visto afectados por el caso policial descubierto este lunes y que por año reciben la donación de entre 40 y 50 cuerpos, de los cuales sólo sufraga los gastos de trasladarlos a la facultad. «Garantizamos a los donantes y a sus familias que siempre serán tratados con dignidad, respeto y anonimato», defienden.

La tercera facultad de Medicina de Valencia, la de la Universidad CEU Cardenal Herrera, confirma a ABC que la Policía Judicial acudió hace unos meses a sus instalaciones para investigar sobre este caso. Al respecto, sostiene que no ha cometido ninguna ilegalidad y que sólo trabaja a través de donaciones altruistas post-mortem.

En concreto, en enero de 2023, la Policía Nacional solicitó la entrega de la documentación relativa a un cadáver que presentaba irregularidades por parte de la funeraria. En este sentido, la citada facultad colaboró con la investigación y puso a disposición de los agentes el expediente en cuestión, así como el del resto de donaciones tramitadas con esta empresa.

«La Universidad CEU Cardenal Herrera sigue un protocolo muy estricto en la utilización de cadáveres para uso docente e investigador en su Facultad de Ciencias de la Salud», subrayan, al mismo tiempo que concretan que reciben entre 10 y 15 cadáveres por año, procedentes de donaciones, pagando únicamente por los gastos de traslado y cremación de los cuerpos.

En paralelo, fuentes sanitarias muestran su extrañez a este periódico sobre el caso ya que en los últimos años han registrado un notable incremento de cuerpos sin vida donados a la ciencia como consecuencia del aumento de los costes de los sepelios.

Por su parte, el Observatorio de los Servicios Funerarios de España condena «de forma contundente» este suceso «perpetrado no por una empresa funeraria, sino por un entramado criminal». Según ha declarado a ABC su presidenta, María Dolores Asensi, es importante que el sector «siga haciendo hincapié en la importancia de la humanización de sus servicios», así como «en la relevancia que tiene la presentación de los mismos en el momento de honrar la vida y la dignidad de los fallecidos, muestra de nuestro compromiso con la sociedad en general y con sus familias en particular».

Muestra de ello, el Observatorio y AENOR han puesto en marcha el certificado Compromiso con las Familias, el cual acredita los requisitos que deben cumplir las empresas funerarias para la prestación de un servicio socialmente responsable, desde el momento de la pérdida hasta la despedida final. Actualmente, el sector lo conforman más de 1.100 empresas en España (unos 11.000 profesionales) las cuales representan el 0,14% del PIB y el 85% son pymes. Más allá de su impacto económico, el grueso de estas empresas son de carácter familiar, arraigadas a sus comunidades locales, «cuyos valores son la ética, la transparencia, la confianza, la certidumbre, el acompañamiento y la profesionalidad», según Asensi.