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La organización operaba desde Alicante y Sevilla, contaba con un alto grado de especialización tecnológica y contaba con 18.300 clientes
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Imagen de archivo de un investigador de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada la distribución fraudulenta de contenido audiovisual en España con la detención de ocho personas, según ha informado Jefatura en un comunicado.
La organización presuntamente contaba con un alto grado de especialización tecnológica ... , la cual les permitía administrar de manera remota a los clientes que contrataban contenido audiovisual deportivo. Más de 18.300 personas habrían contratado estos servicios, que eran gestionados desde centros operativos en las provincias de Alicante y Sevilla.
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La investigación comenzó en febrero de 2022, cuando se identificó a esta organización criminal que se dedicaba a proveer contenido multimedia fraudulento desde dos centros operativos. Lo hacían a través de IPTV (Internet Protocol Television), mediante la instalación de aplicaciones fraudulentas en tvBox, smartTVs y smartphonesa sus clientes, lo que les permitía acceder a películas, series o eventos deportivos «a un precio muy inferior al de mercado».
La organización ofertaba los servicios ilegales a través de una empresa de consultoría de telecomunicaciones que contaba con una «sólida estructura» de marketing a su servicio. Los integrantes de la red criminal se encontraban en las provincias de Alicante, Málaga, y Valladolid.
Su función era comercializar los servicios fraudulentos, maximizando el número de clientes potenciales a obtener y, por consiguiente, ocasionando «un grave perjuicio económico» a los principales perjudicados de este tipo de actividades ilícitas.
Un perjuicio económico astronómico
El perjuicio económico lo sufrían los titulares de los derechos de difusión del contenido multimedia que difunden. La Policía ha señalado que, tanto los miembros de esta organización criminal desarticulada como aquellas personas que contratan servicios fraudulentos investigados, son una «parte activa a la hora de ocasionar daños» a los principales perjudicados de estas actividades.
En concreto, ha precisado que el conocido como lucro cesante, que hace referencia a las ganancias que los perjudicados dejan de percibir como consecuencia de las actividades delictivas investigadas, estarían estimados en 366.250.000 euros.
Ocho detenidos y toda su estructura informática, desmantelada
Finalmente, las investigaciones permitieron desarticular esta organización criminal, tras realizar un total de cuatro entradas y registros en Alicante, Valladolid, Málaga y Sevilla. Dos de ellas se produjeron en los centros operativos donde gestionaban toda la infraestructura informática que presuntamente les permitía proveer del acceso ilegal a contenido multimedia de pago a más de 18.300 clientes. Los agentes han desmantelado toda la infraestructura informática que utilizaban.
Durante los registros, han intervenido numeroso material informático —ordenadores, tabletas, smartphones y dispositivos de almacenamiento— y han detenido a los ocho integrantes de la organización criminal —tres en Alicante, tres en Valladolid, uno en Málaga y uno en Sevilla— acusados de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la propiedad intelectual.
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