El Defensor del Pueblo valenciano ve a la Administración como un «territorio hostil»

Así lo recoge la memoria anual de 2022, presentada este martes en Les Corts por el Defensor del Pueblo valenciano, Ángel Luna, quien ha lamentado que los procesos administrativos se convierten en un «laberinto» y ha defendido que la cita previa solo está justificada en el ámbito sanitario.

«Ninguna ley ampara el mantenimiento de la cita previa, que podía ser comprensible en la pandemia. Hoy en día es una comodidad que se han buscado algunas administraciones para facilitar su trabajo», ha expuesto, y ha hecho notar que «un ciudadano no tiene por qué coger cita para empadronarse».

Además, ha advertido que el problema de la cita previa es «clamoroso» en la Seguridad Social y que en muchas ocasiones solo se puede pedir de forma electrónica, un ámbito donde «las mafias han logrado capturar el proceso y venden las citas».

En la memoria, el defensor rechaza la falta de respuesta por parte de las administraciones, algo que «instala al ciudadano en la perplejidad, en la confusión y en el desasosiego»: «Al cabo de meses o años no sabe nada de su petición. Ni siquiera si se está tramitando».

Además, lamenta que «para las personas en situación de vulnerabilidad el paso del tiempo sin recibir ayuda puede resultar demoledor», con lo que hace una «llamada de auxilio» a políticos y funcionarios para promover una cultura administrativa de «verdadero servicio público».

Otra de sus advertencias es la tendencia a eludir responsabilidades en numerosos ámbitos administrativos, ya que para el Síndic es frecuente recibir informes señalando a otro departamento o a otra unidad dentro del mismo departamento cuando se requiere una explicación respecto de una deficiencia denunciada.

El caso «más paradigmático» es la tramitación del Bono Social Térmico correspondiente a 2020, que dio lugar a un importante número de quejas durante 2022. Tras diferentes informes de varias consellerias, rechazando su competencia, el defensor tuvo que dirigirse a la Presidencia de la Generalitat para que determinara el departamento responsable.

«En no pocos ayuntamientos, sobre todo en algunos de gran tamaño, se reproduce este vicio», denuncia el Síndic, explicando que es frecuente que un funcionario municipal responda al requerimiento realizado a un alcalde.

En el ámbito sanitario, el defensor muestra su «enorme preocupación» por la situación actual de la asistencia, algo que achaca a las secuelas de la pandemia, y exige una reforma de la Atención Primaria, más inversión en salud mental y corregir las «inaceptables» listas de espera hospitalarias.

En materia de servicios sociales, que siguen acumulando el mayor número de quejas, persisten los mismos problemas en dependencia, discapacidad o renta valenciana de inclusión. El Síndic vuelve a advertir de la aplicación errónea de la ley al denegar la renta valenciana de inclusión a quienes han aceptado cortos trabajos temporales, algo que sigue «sin ser atendido por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas» y por eso abrió una queja de oficio.

Por otro lado, el defensor rechaza la «desidia colectiva» de las administraciones ante la falta de transparencia: «Muchos alcaldes siguen pensando que los datos e informes que maneja el ayuntamiento son suyos y que pueden graduar a su antojo el acceso a los mismos por parte de otros miembros de la corporación».

En 2021 ya pidió modificar la Ley 8/2010, de régimen local de la Comunitat, para regular el acceso directo de todos los concejales a los documentos y a los expedientes municipales. «Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. A nadie parece interesarle corregir esa grave anomalía: ni al Consell ni a los grupos parlamentarios», lamenta.

Respecto al balance de 2022 en cifras, el Síndic de Greuges recibió un total de 4.071 quejas de la ciudadanía, de las que admitió 2.908, la mayoría a través de internet (76%) y en castellano (92%). Por provincias, Alicante concentró la mayor parte de quejas en comparación a su población.

La dependencia, la renta valenciana de inclusión y la discapacidad son los ámbitos de los que más quejas se registraron en 2022, aunque también hubo numerosas relacionadas con el empleo público, los servicios locales y el tráfico o los cargos electos.

Entre las 3.118 quejas cerradas el año pasado, un total de 1.262 tuvieron solución, 611 compromiso de solución, 513 sin aceptación de consideraciones, 386 sin respuesta a consideraciones y 346 por otros motivos.

En cuanto a la colaboración de las consellerias, las de Agricultura, Educación, Igualdad y Sanidad son las que más respondieron al Síndic en 2022, con un grado superior al 90%, mientras las de Economía, Vivienda e Innovación no pasaron del 60%.