En su argumentación, Ángel Gabilondo alude a una resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática con fecha del 9 de noviembre de 2022, cuando gobernaba la Generalitat Valenciana el PSPV-PSOE en coalición con Compromís y Podem. De hecho, este asunto arranca de una queja presentada por el grupo municipal socialista ilicitano, que además aprobó ya un proyecto para quitar la cruz cuando ostentaba el poder en la ciudad en la anterior legislatura.
No obstante, el actual gobierno local -del PP y Vox- rechaza la idea porque el monumento es «un símbolo de concordia», que no «alusivo a la dictadura», por lo que mantiene su intención de conservarlo dentro de las obras de reforma de toda la plaza en la que se encuentra.
En cambio, para el Defensor del Pueblo, «el hecho de que el monumento no tenga ninguna inscripción no excluye de forma automática que tenga un significado contrario a la memoria democrática, pues, como es obvio, los propios elementos arquitectónicos pueden tenerlo por sí mismos sin necesidad de evidenciarlo con una placa o una inscripción».
Asimismo, justifica su postura en que se construyó en 1944 «y no suscita el consenso social necesario que permitiría en el espacio público», además de mencionar un manifiesto firmado por 60 profesores de Historia. En su réplica en un comunicado, el Ayuntamiento señala que «ha permanecido en los 45 años de democracia en España y con el paso de los gobiernos municipales de distinto color político».
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