Los datos de los turistas, bajo el control del Gobierno

Y también, un ejemplo palpable del enorme desconocimiento que existe por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez sobre la realidad y la operativa turística, de la falta de peso y liderazgo en defensa del turismo español sobre la mesa del Consejo de Ministros del área de turismo por parte del ministro Hereu, siempre de perfil, en esta ocasión ante las decisiones del ministro Marlaska.

Sector turístico, el Partido Popular a través de las iniciativas aprobadas en el Senado y el Congreso, medios de comunicación, patronales europeas, todos llevamos semanas pidiendo al Gobierno que suspenda su entrada en vigor hasta que sea factible una solución consensuada, viable y proporcional. Hemos advertido al Ejecutivo que, además de la incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, esta decisión genera igualmente una gran inseguridad jurídica a nuestros empresarios del sector más importante de la economía española.

Nadie logra comprender para que quiere el Gobierno a través de esta norma recabar tantísima información de las personas que hacen turismo por España, nacionales y extranjeros.

Según establece la normativa del Registro de Viajeros incluida en este Real Decreto, todas estas empresas estarán obligadas a recabar por imposición del Ministro Marlaska, por imposición de Pedro Sánchez, datos sensibles que van mucho más allá de los que recogen los documentos oficiales de los clientes, como son el DNI o el pasaporte. Ahora también quieren conocer la forma de pago, números de la tarjeta de crédito, teléfono fijo y móvil o quién es y qué relación tienen el titular de la reserva con quien le acompañe.

Si, a partir de este lunes, los establecimientos dedicados al hospedaje, agencias de viajes o las compañías de alquiler de coches tendrán la obligación de remitir al Gobierno un exhaustivo listado con 42 datos personales, de ellos 28 afectan a la intimidad de los clientes, y de lo contrario, estos prestadores de servicios están expuestos a multas que podrían llegar a los 30.000€.

Controlarlo absolutamente todo, no solamente las instituciones y organismos como han hecho hasta ahora, también a las personas, esas son las pretensiones de un Gobierno en el que todo apesta a corrupción, que lleva meses haciendo caso omiso a las peticiones que el turismo español le ha estado haciendo y cuyas consecuencias pueden ser terribles para muchas de nuestras empresas, que tendrán que hacer frente a una normativa para la que no disponen de los medios, ni técnicos, ni de personal para cumplirla. A esto, habría que añadir las deficiencias que aún sigue presentando la plataforma tecnológica desarrollada por el Ministerio del Interior para ello.

España es el único país de la Unión Europea en el que los hoteles envían los documentos de identidad de sus huéspedes a las autoridades, los ciudadanos somos conscientes de que debemos ceder una parte de nuestra intimidad para garantizarnos un mínimo umbral de seguridad, pero también tenemos derecho a que no se abra una oportunidad para revisar nuestras vidas y usar nuestra información, no sabemos muy bien con qué finalidad.

Y me cuesta comprender que el Gobierno de un país que recibe más de 85 millones de turistas, no sea consciente de que la redacción del Real Decreto 933/2021 manifiesta un profundo desconocimiento en la forma en la que se generan las reservas y las llegadas y movimientos de turistas en España, ya que exigen datos concretos que el cliente no proporciona por no verse obligado a ello en ninguna normativa europea ni de ningún país miembro y que exceden con mucho las necesidades de salvaguardar la seguridad ciudadana.

Y que además de por la brutal carga administrativa que ello supondrá, también pone en riesgo la competitividad de España, algo de lo que ya se han hecho eco diferentes medios de comunicación en el extranjero pues en ningún otro país se solicita la comunicación de esta cantidad desmesurada de datos y ello nos coloca en una clara desventaja competitiva frente a nuestros competidores.

Lo que el sector turístico está haciendo todas estas semanas manifestando su oposición a este Real Decreto, no es optar cosa que defender a los ciudadanos, a todo el que viaja por el motivo que sea, frente a este ataque a la intimidad que pretende el Gobierno.

Siempre he dicho que desde el ámbito de la política a veces nos complicamos demasiado y se lo complicamos a quienes esperan de nosotros acierto, siempre me han enseñado a escuchar, escuchar a los que saben, en este caso a los verdaderos artífices del éxito turístico de España, nuestros empresarios, trabajadores y destinos, que, pese a esa falta de escucha y atención permanente por parte del Gobierno, seguirán dándonos ejemplo y alegrías.

Tan fácil como eso, escuchar a los que mejor conocen la realidad del día a día en una recepción de un hotel, una pequeña agencia de viajes de barrio o un rent a car, los que se enfrentan a dificultades cada día, los que conocen al cliente que nos visita, algo tan sencillo y que tan poco se da en algunos en la preciosa actividad a la que me dedico, con el único objetivo de cumplir con el que debería ser su principal mandatario, el intentar mejorar la vida de los que nos rodean.

Claro que se puede, pero con este Gobierno, no.

Agustín Almodóbar Barceló es senador por Alicante y portavoz de Turismo del PP en la Cámara Alta, así como secretario Nacional de Turismo del PP