El Constitucional suspende parte de la ley de Concordia de Mazón tras admitir el recurso del Gobierno

La norma fue aprobada por PP y Vox en julio del año pasado en las Cortes Valencianas, horas antes de romper como socios en el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, aunque entró en vigor a finales de agosto. El texto derogaba la ley de memoria democrática que impulsó el anterior gobierno de izquierdas liderado por Ximo Puig en 2017.

En la práctica, equipara a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista con las de la Segunda República y el terrorismo etarra e islámico. Su objetivo, de hecho, es «honrar y proteger la historia de España desde el año 1931 hasta la actualidad».

En su recurso, presentado después de una corta negociación con la Generalitat, el Gobierno central alegó que los artículos impugnados podrían ser contrarios a los artículos 10 y 15 de la Constitución, por el menoscabo a los derechos de las víctimas. Asimismo, también planteó vulneraciones de competencias estatales establecidas en los artículos 149.1.1, 149.1.6 y 149.1.30 de la Constitución, así como del deber de colaboración.

Al invocar el artículo 161.2 de la Constitución, el tribunal ha suspendido la vigencia y aplicación de algunos preceptos desde la fecha de interposición del recurso -el 29 de abril- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. Ya ocurrió algo similar en junio del año pasado en Aragón.

Se trata del apartado 3 del artículo 1, en el que «se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática». Es decir, las de la Guerra Civil y las de la dictadura franquista.

También a los puntos contenidos en el artículo 2, que otorgan a las víctimas el derecho a indagar, localizar, exhumar e identificar a desaparecidos; a acceder a documentación; y a «la reparación y preservación de su memoria, evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles».

También a «la investigación de los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos», con la ayuda -previa autorización- de la Abogacía de la Generalitat. Del mismo modo, queda paralizada, de momento, la creación de la 'Unidad Valenciana de la Concordia', recogida en el artículo 3.

La suspensión también afecta a la disposición transitoria segunda que hacía decaer de manera automática «los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos» a su entrada en vigor, «a excepción de los procesos de exhumación». Queda también en suspenso la disposición derogatoria única que enterraba la ley de 2017 y disolvía cualquier comisión u organismo que se hubiera creado como consecuencia de la misma.

En un comunicado remitido a los medios, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha afirmado que la Generalitat Valenciana respeta las decisiones judiciales, pero ha recalcado que «continuará defendiendo la constitucionalidad» de su ley.

La consellera ha señalado que «la suspensión automática de la ley no prejuzga la constitucionalidad» de los preceptos que se recurren y ha agregado que, según el 161.2 de la Constitución, la suspensión «se produce por la simple impugnación por parte del Gobierno».

«Esto no quiere decir que el recurso se vaya a estimar, ni que se haya decidido sobre el fondo del asunto. De hecho, ahora el Tribunal Constitucional puede ratificar la suspensión o levantarla», ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que la Generalitat defiende que «no concurren los argumentos jurídicos esgrimidos que plantean la posibilidad de que pudiera existir una invasión de la competencia estatal».

Martínez ha tildado la comisión bilateral -celebrada el pasado 2 de abril en busca de un acuerdo- de «un auténtico paripé y no dio margen para nada» y ha añadido que concluyó sin acuerdo que «superase las salvedades realizadas por el Gobierno» para evitar la interposición de un eventual recurso frente al citado texto normativo, pues el Consell defendía la constitucionalidad de la ley, «dada en el ejercicio de sus competencias y con pleno respeto y sujeción a la Constitución Española».

La Generalitat ha argumentado que el artículo 1.1 de la nueva Ley de Concordia «amplía el alcance temporal y conceptual de la protección de la víctima, al reconocer como tales a todas las víctimas de la violencia social y política, así como a quienes han sido objeto de persecución ideológica y religiosa en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta la actualidad».

«La Ley de Concordia es más integradora e inclusiva que la ley anterior. No hay rangos entre las víctimas», ha reiterado la consellera, quien ha señalado que, «con este alcance subjetivo, la Generalitat concilia bajo el reconocimiento explícito de víctimas a todas aquellas personas que lo han sido, con independencia de su adscripción ideológica, política, religiosa o social».

En la misma línea, ha defendido que «para el legislador autonómico no hay distinción entre víctimas». «La Generalitat confiere a todas ellas idéntico tratamiento bajo el principio de igualdad», ha remarcado.

«El Gobierno de España no solo nos somete a una asfixia económica, sino también a una asfixia de nuestra autonomía legislativa. A nosotros nos recurren todo y con otras autonomías de las que son vasallos miran para otro lado. Esta actitud es de todo menos responsable: es desmedida y generadora de desigualdades», ha reprochado Martínez.