El consejero valenciano de Agricultura: «Lo de Trump se puede solucionar, lo de Pedro Sánchez es irreparable»
Miguel Barrachina cifra en el 3,9% las exportaciones agrícolas afectadas por los nuevos aranceles de Estados Unidos
La Generalitat Valenciana denuncia que el Gobierno de Sánchez ha rechazado dos de cada tres peticiones de ayuda realizadas tras la dana
El conseller de Agricultura, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina, ha cifrado en un 3,9% la posible incidencia de los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, y ha subrayado que el «problema» no hay que «buscarlo en EE.UU.», sino que «lo tenemos dentro» en el «prohibicionismo» del Gobierno de España y de la Unión Europea.
«Lo de Trump se puede solucionar porque lleva poco tiempo. Lo de Pedro Sánchez es irreparable», ha afirmado este lunes durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que organiza Nueva Economía Fórum, en el que ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Barrachina ha criticado el «ecologismo de salón, que ha visto a todo el sector primario como un enemigo», y ha concretado que «Trump supone un 4% de nuestras exportaciones, no llega, agroalimentarias», pero «el otro 96% está en riesgo por problemas propios, por las constantes faltas de respeto» y «prohibiciones de tratamientos de productos que se autorizan en todas partes». «Efectivamente, la Unión Europea no ha sido solución, sino problema. La Unión Europea y el gobierno de España», ha aseverado.
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El conseller ha expuesto que el sector agroalimentario cerró 2024 con un superávit comercial de 3.500 millones de euros. «Sin los agricultores, la Comunidad Valenciana no sería exportadora, tendría un déficit de 2.000 millones», ha indicado.
Asimismo, ha descrito las líneas estratégicas para el sector primario valenciano: «Libertad, simplificación, gestión adecuada de los recursos hídricos y defendernos frente a la demonización que hemos sufrido en los últimos años».
Durante su intervención, Miguel Barrachina ha anunciado que «en las próximas semanas lanzaremos una convocatoria de ayudas por un total de 29,5 millones de euros, destinada a apoyar a los jóvenes y nuevos agricultores y a fomentar las nuevas incorporaciones al sector». «Esta iniciativa busca ofrecer un impulso económico significativo a aquellos que apuestan por el futuro del campo, garantizando el relevo generacional y la sostenibilidad del sector agrícola», ha añadido el conseller.
De este modo, ha afirmado que «esta orden de ayudas es la más ambiciosa de los últimos años y presenta importantes novedades, como la ampliación del importe mínimo de la ayuda, que pasa de 20.000 a 30.000 euros, y el importe máximo, que se incrementa de 70.000 a 80.000 euros». Además, esta ayuda, contempla un complemento específico de 10.000 euros para las zonas con limitaciones naturales, como la huerta de Valencia.
Pilar para la estragedia política de Mazón
En esta línea, ha subrayado que el relevo generacional es uno de los pilares clave de la estrategia política del Consell de Carlos Mazón, y ha remarcado que se ha reducido la presión fiscal al eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, y rebajado el impuesto de transmisiones de fincas agrarias, pasando del 10 % al 4 %, con el objetivo de facilitar el acceso de las nuevas generaciones al sector agrícola y de asegurar su continuidad.
En este sentido, el conseller ha afirmado que «para aliviar la carga burocrática a la que se enfrentan agricultores, ganaderos y pescadores», apuesta «por la simplificación, por oponernos al cuaderno digital, e implementamos un nuevo registro de explotaciones ganaderas más sencillo y accesible, que facilite su trabajo diario».
«Su lugar está en el campo, en la ganadería o en el mar. Ellos son los que saben cuidar de lo que les da de comer. Nosotros apostamos por la promoción, no por la sanción, y brindamos apoyo incondicional frente a aquellos que intentan quitarles el prestigio, para después dejarles sin agua, decirles que no pueden plantar la hortaliza de invierno o que no pueden salir a pescar», ha explicado.
Asimismo, ha remarcado que los agricultores con sus naranjos «son capaces de depurar todas las emisiones de la totalidad del parque móvil valenciano, incluidos los camiones. El ecologista que pisa el campo se llama agricultor; el animalista que defiende a los animales se llama ganadero; y el ecologista que está en el mar se llama pescador y saca más de 150.000 toneladas de plástico del mar».
El conseller ha defendido que la labor de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores «es absolutamente indispensable», y ha citado como ejemplo que cuando un ganadero en extensivo desaparece, «la administración se ve obligada a contratar vigilantes para sustituirle, brigadas de limpieza para realizar tareas que 72.000 cabezas de ganado hacen de forma natural, y bomberos para extinguir incendios».
Pide más infraestructuras hídricas
En paralelo, ha resaltado también los 99 millones de euros que su departamento va a destinar este año a la mejora de las infraestructuras hídricas. «Esta inversión, que representa un incremento del 60 %, se destinará principalmente a la modernización de los sistemas de regadío, a garantizar el abastecimiento de agua y en la realización de obras de encauzamiento», ha detallado.
«Es crucial disponer de las infraestructuras adecuadas para mitigar los efectos negativos de posibles nuevas riadas. Si el Gobierno de España hubiera llevado a cabo las infraestructuras previstas y localizadas, las consecuencias de las riadas del pasado mes de octubre habrían sido significativamente menores. Es urgente adoptar medidas que protejan a la ciudadanía», ha señalado.
«Cinco meses de inacción»
En este sentido, Barrachina ha criticado la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras cinco meses de espera desde que la Generalitat presentara el Plan contra Inundaciones: «Llevamos cinco meses de inacción por parte del Gobierno de España ante un plan que incluye actuaciones que podrían salvar vidas».
El conseller ha recordado que el pasado 7 de noviembre el Ministerio se comprometió a estudiar el documento enviado por la Conselleria, que recoge una inversión de 2.390 millones de euros, a ejecutar durante cinco años, para la implementación de medidas urgentes y preventivas frente a las inundaciones. Sin embargo, «hasta la fecha, y pese a la urgencia, no hemos recibido ninguna respuesta ni avance por parte del Gobierno central», ha denunciado.
Durante su discurso, Barrachina ha expresado, una vez más, su rechazo a los recortes en el trasvase Tajo-Segura impulsados por el Gobierno central, puesto que se trata de «decisiones políticas, tomadas sin aval técnico, que representan una grave amenaza para la agricultura alicantina y la condenan a la desaparición de 10.000 millones de árboles».
«Es imprescindible que las decisiones que afectan a los recursos hídricos cuenten con el consenso de las comunidades autónomas implicadas», ha indicado. Por ello, ha reiterado la urgencia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua porque »nuestra tierra necesita una política hídrica justa y equilibrada, que permita a los agricultores mantener su actividad y asegurar el empleo que depende de ella. El agua es una cuestión de Estado, es de todos, no es propiedad de nadie».
Presas y embalses
Asimismo, ha destacado que «es esencial revisar todas las presas y llevar a cabo las acciones necesarias, tal como estamos haciendo en Buseo. No lo hemos dudado ni un instante, primero con un contrato de emergencia de 4,7 millones para realizar las reparaciones, y ahora, una gran inversión para asegurar su viabilidad y la seguridad de los ciudadanos de los alrededores de la presa. Otros solo se limitan a reparar algunas, pero no planifican ni construyen para el futuro. En Buseo, vamos a invertir más de 30 millones».
«Le pedimos al Gobierno de España que, en lugar de destruir presas y embalses, se enfoque en construir las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de la población. Además, es fundamental otorgar más libertad para limpiar los cauces y agilizar las autorizaciones», ha matizado.
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