Condenas de prisión a dos pediatras por la muerte de un niño de ocho años que fue a Urgencias cinco veces

Ambas han sido consideradas culpables de homicidio por imprudencia grave y además de los dos años y un año de cárcel, respectivamente, a la especialista del Hospital de Elda y a la del centro de salud petrerense, respectivamente, no podrán ejercer por inhabilitación para tres años y seis y meses -una-, y tres años la otra.

El Juzgado de lo Penal número dos de Alicante ha condenado a ambas por aquella muerte en octubre de 2020, que denunció la abuela de la víctima, Marta González.

Del mismo modo, la magistrada, que señala a la aseguradora del hospital como responsable civil directa y subsidiaria a la Conselleria de Sanidad, ha fijado indemnizaciones para los abuelos del menor fallecido, sus tutores legales, de 114.203,92 euros para ella y de 32.629,69 euros para él. Con esta última cantidad, según la jueza, también deberá ser indemnizada la madre biológica del niño.

Este caso ha tenido un gran eco mediático por las circunstancias dramáticas en que se produjo el fatal desenlace, relatadas por la abuela del niño y su tutora legal, Marta González, quien vivió con desesperación aquellos días junto a Aitor. «Me lo mandaron a casa», fue su mensaje en un vídeo que se hizo viral.

Posteriormente, durante el juicio, se enfrentó también a la incomprensión de personas «sin sentimientos» que en ese contexto judicial olvidan la tragedia familiar que ella sufrió, según sus comentarios. Por eso, instó a quienes hayan vivido situaciones similares a que denuncien para «hacer Justicia».

La sentencia considera probado que el 24 de octubre de 2020, a mediodía, el niño empezó a sufrir un dolor abdominal cuando estaba en su casa junto a sus abuelos, quienes le llevaron al centro de salud, donde fue atendido y se le diagnosticó dolor abdominal, tras lo que fue derivado a un centro hospitalario.

Ya en el Hospital de Elda, fue atendido por la pediatra de guardia, que le diagnosticó un cuadro de dolor abdominal sin signos de alarma, vómitos de corta duración y posible inicio de viriasis, a lo que añadió que el paciente presentaba buen estado general, por lo que decidió darle el alta con control de su pediatra.

Ante la persistencia de los vómitos y las quejas de dolor, los abuelos llevaron nuevamente al niño al centro de salud el 26 de octubre. La pediatra señaló en su informe que estaba ojeroso, no toleraba suero ni otros líquidos y que presentaba abdomen doloroso. De nuevo, decidió derivarlo al Servicio de Urgencias del Hospital de Elda.

Ya en el centro hospitalario, según la sentencia, la pediatra no cuantificó la frecuencia cardiaca del niño, tampoco pidió una ecografía abdominal ni una analítica sanguínea, y añade que, «dados los antecedentes del caso ya expuestos, lo indicado era efectuar dicha analítica al menos y, en su caso, una ecografía de abdomen como pruebas complementarias».

Agrega que esta médica, en su informe de alta del menor, recomendó que lo volvieran a traer a urgencias si el niño vomitaba mucho, cuando esto ya lo hacía entre siete y nueve veces al día, además de un control por su pediatra, quien «ya lo había derivado en dos ocasiones al hospital». «Constituye, por tanto, dicha actuación una mala praxis con infracción de las normas básicas de su profesión», remarca.

El día 28 por la madrugada, el niño volvió a sufrir fuertes dolores abdominales y sus abuelos lo llevaron al centro de salud, donde la atendió una de las condenadas, quien no hizo ninguna exploración física al menor ni le tomó las constantes vitales ni la tensión ni la frecuencia cardíaca. En este momento, administró al menor un fármaco para calmarle el dolor, «un medicamento que no se utiliza habitualmente en pediatría».

Además, llegado ese momento, a pesar del grave estado de salud y vistos todos sus antecedentes con varias visitas a urgencias y cinco días de persistencia de los síntomas, no envió a Aitor al hospital, ya fuera mediante transporte propio, Soporte Vital Básico (SVB) o medicalizado. «Con ello, infringió normas básicas de su profesión», se indica en la sentencia.

Al cabo de dos horas de ese día 28, los abuelos llamaron a una ambulancia del SAMU, que fue al domicilio del menor, dada la situación grave ya, para trasladarlo al centro hospitalario, donde ya era demasiado tarde y falleció.

Por todo ello, la jueza entiende que, como consecuencia de no acordar la realización de pruebas complementarias, como una analítica de sangre y una ecografía abdominal, no le fue diagnosticada al menor una apendicitis aguda, lo que dio lugar a una infección en su tracto digestivo con origen en el ciego y que evolucionó a una peritonitis con complicaciones.

También enfatiza que al no haber derivado a Aitor al hospital en la madrugada del 28 de octubre, «cuando el fallecimiento aún era evitable», se incrementó en un 70% el riesgo de muerte del menor.

Asimismo, la magistrada asegura que las pruebas practicadas, tanto documental como testifical y periciales, le hacen concluir que «la actuación de las doctoras fue imprudente», y resalta que la abuela y tutora del menor fue «firme, clara y rotunda en su declaración» y no se apartó en ningún momento de lo que manifestó inicialmente.

Considera que la abuela tuvo «no sólo una actuación diligente para con el menor, sino que más bien fue obediente en todo momento siguiendo las expresas instrucciones de todos los médicos a los que acudió» desde que el niño empezó a sentirse mal y hasta que falleció. Su comportamiento fue «de todo punto impecable», añade.

Igualmente, recuerda que las dos doctoras «en ningún momento han admitido haber tenido un error de diagnóstico en su actuar», algo que sí entiende que sucede la jueza, que califica dicho error de «cuantitativo, cualitativo y de extrema gravedad, al minusvalorar los síntomas que presentaba el menor» además de que ignoraron «las más elementales cautelas exigibles al profesional médico en el desempeño de su actividad», ya que nada impedía «acordar que se llevaran a cabo pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico» sobre lo que le ocurría al paciente «más claro».

«En ningún caso se entiende que la actuación de las doctoras estuviera contemplada dentro de la 'lex artis', calificándola, como no puede ser de otro modo, de negligencia médica y como conducta típica penal», subraya.