Condenan a la Generalitat Valenciana a indemnizar con 10.000 euros a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado declara la «nulidad radical» del despido de la joven. La defensa de Tanco ha anunciado que recurrirá el fallo al considerar insuficiente la cantidad estipulada por el juez.

La víctima de Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel por los abusos sexuales cometidos cuando la joven eran menor de edad, trabajaba en el verano de 2021 como auxiliar administrativa cuando la Generalitat asumió la gestión del Hospital de Torrevieja en un proceso de reversión. Tanto Teresa como su entonces pareja perdieron entonces el empleo.

La sentencia datada este 30 de marzo entiende que se han vulnerado los derechos fundamentales de ambos jóvenes. De acuerdo con el fallo, «al día siguiente de la reversión, los dos demandantes acudieron al hospital para interesarse por su situación». Los responsables buscaron sus contratos, «pero nunca se pusieron en contacto con los interesados», según recalca el fallo judicial. Teresa y su entonces pareja fueron los únicos trabajadores, sobre una plantilla de más de un millar de personas, que perdieron el trabajo. El resto fueron subrogados.

Los abogados de Tanco consideran que la actuación de la Conselleria de Sanidad suponía una suerte de «venganza» por la denuncia interpuesta en su día por la joven contra su educador, condenado por abusos sexuales en u fallo pendiente del recurso presentado por el exmarido de Mónica Oltra ante el Tribunal Supremo.

Ante el cariz de los despidos, la Generalitat Valenciana debía «probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión empresarial». Sin embargo, el magistrado considera que el Gobierno autonómico no aportó suficientes argumentos y se limitó a explicar que el proceso de reversión no había sido «pacífico» y que la empresa concesionario se retrasó en la remisión de la documentación.

El DOCV de 4 de julio de 2022 publicó la relación de personal objeto de subrogación, en la que no aparecían lo demandantes. De la plantilla de 1.058 trabajadores fueron subrogados por Sanidad un total de 1.056, quedando excluidos únicamente ellos dos, que interpusieron demanda por despido. A raíz de esta demanda, Sanidad dictó sendas resoluciones administrativas donde, tras reconocerse que no se produjo la subrogación que debía haberse hecho, realizó las liquidaciones de los contratos temporales hasta la fecha que tenían fijada, con las retribuciones correspondientes.

La sentencia que impone a la Generalitat el pago de 10.000 euros a la joven y a su anterior pareja por la nulidad de sus despidos puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Pese a esta nulidad, no procede la readmisión dado que, de acuerdo con la regularización realizada, se abonaron las retribuciones dejadas de percibir, la liquidación de vacaciones no disfrutadas, reconocimiento de servicios prestados y cotizaciones a la Seguridad Social, y había concluido la relación laboral en noviembre de 2021 y febrero de 2022 para cada uno de ellos por reincorporación de los trabajadores a quienes estaban sustituyendo.

El fallo se ha producido unos días después de que María Teresa Tanco perdiera la tutela de sus hijos menores de edad, que han pasado a manos de la Generalitat.