La Comunidad Valenciana y Murcia estudian acciones legales ante «irregularidades» en la gestión del Tajo

Así lo ha hecho saber en una rueda de prensa celebrada en Murcia antes del encuentro, en el que han participado especialistas técnicos y jurídicos en materia hídrica, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región, Sara Rubira, junto el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, y el presidente de Scrats, Lucas Jiménez.

En concreto, Rubira se ha referido a un informe elaborado por la Comunidad Valenciana que «deja claro que desde los embalses de Entrepeñas y Buendía se ha estado soltando más agua de la que indican las actuales reglas que regulan el Tajo», lo que sería, según sus palabras, «como llenar una bañera sin ponerle un tapón».

Esto, ha dicho, «ha conllevado un importante desperdicio de agua en los envíos para abastecer a los regadíos manchegos, donde se desaprovechan 100 hectómetros cúbicos», la misma cifra, «curiosamente», que «se nos quiere recortar al Segura de este trasvase» a partir de 2027.

Rubira también ha señalado que el estudio valenciano refleja la «ausencia total» de un programa de seguimiento que controle si el incremento de caudales ecológicos ha conllevado la mejora del estado ecológico del Tajo, algo que, ha precisado, «es obligatorio según la planificación hidrológica».

No obstante, para la titular de Agua «lo que más nos preocupa» ante este panorama a las comunidades del Levante es «la falta de transparencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo» y la toma de decisiones «políticas, sectarias, ideológicas, partidistas» por parte del Gobierno central.

Rubira ha recordado que las decisiones que se tomen sobre el trasvase «van a condicionar el futuro de la Región de Murcia, de la Comunidad Valenciana y de Andalucía porque todos vivimos de estas aportaciones del trasvase», y ha destacado la importancia de que exista «unidad del sector y de toda la sociedad levantina» en torno al mantenimiento del trasvase.

«En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje, y el Gobierno regional va a seguir trabajando, no nos van a callar, no nos vamos a quedar quietos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para revertir esta situación», ha añadido durante la comparecencia de prensa.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha llamado a actuar de forma conjunta para impedir que se produzca «uno de los mayores atentados ecológicos que pueden vivir las tierras», al tiempo que ha calificado de «infame» el uso del agua del Tajo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

«España no tiene un problema de agua, sino de insolidaridad», ha asegurado Barrachina, quien ha criticado que «a la Comunidad Valenciana, a Murcia y Andalucía nos cuentan cada vaso de agua», mientras que «en el otro lado, en la otra parte», en referencia a Castilla-La Mancha, «se pierden anualmente hasta 100 hectómetros cúbicos por incapacidad para regular adecuadamente».

«Presuntamente, quien se esconde detrás de ese falso ecologismo de salón dice que le preocupa la naturaleza», ha dicho Barrachina, tras lo que ha manifestado que, según el mencionado informe, «en un solo día» el caudal del Tajo pasó «de 20 metros cúbicos por segundo a 11 para después multiplicarlo por cuatro y llegar hasta 40».

En su opinión, «este juego con el agua, que se hace probablemente para dar satisfacción a alguna empresa», intuye que para «generar electricidad», no tiene «nada que ver con una estabilidad del cauce».

Al hilo, Barrachina ha pedido «transparencia, que se pueda controlar el agua, esa que está inundando Portugal, a quien enviamos dos veces más del agua pactada». «No saben qué hacer con tanto agua en el Atlántico», ha enfatizado.

El conseller ha remarcado que el recorte al trasvase supondrá un «atentado ecológico» porque «habrá que talar 10 millones de árboles, lo que supone una depuración de nuestra atmósfera de 1,2 millones de toneladas de CO2», y, además, desaparecerán superficies cultivadas que actuarían de «cortafuegos» en el caso de incendios y de «freno» ante riadas.

Por parte de Scrats, su presidente, Lucas Jiménez, se ha mostrado convencido de que el próximo mes de diciembre «habrá Consejo Nacional del Agua y habrá lo que ha ordenado» el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es «la aprobación de las reglas de explotación».

«Algunos líderes del Partido Socialista en nuestras regiones afirmaban que no iban a aprobarse las reglas de explotación; yo les apuesto a que se van a aprobar porque quien manda en materia de agua es el que más grita y el que más grita es el que más defiende su bandera política», ha sostenido.

Lucas ha señalado que los regantes «no nos sentimos amparados por los líderes regionales del Gobierno que manda en el país» y ha enfatizado que «haciendo una buena gestión de control de caudales en el Tajo se podrían ahorrar 100 hectómetros cúbicos», lo que ha unido a los beneficios que supondría la modernización de regadíos en esa zona.

Sin embargo, Jiménez ha lamentado que «no se han gastado, es que no hay dinero, es que no van a hacer nada en modernización».

A preguntas de los medios de comunicación, Lucas ha reclamado transparencia sobre el destino de los 600 millones de euros recaudados en concepto de canon desde el inicio del trasvase Tajo-Segura. «Ese dinero no ha ido a parar a los pueblos ribereños, ¿dónde está? Imagino que en plazas de granito en capitales», ha afirmado.

Según el presidente de Scrats, ese dinero «debía de servir para que no hubiera habido tanta crispación en los pueblos ribereños con el trasvase, porque era para obras de saneamiento y conducción de agua, es decir, para que esos problemas que tenían cuando llegaban determinados periodos del año no se hubieran producido».