Compromís plantea obligar por Ley a atender en valenciano, catalán, gallego y vasco a los pacientes de la sanidad pública

Compromís propone que se modifique la normativa en vigor desde 1986 para obligar por ley a atender en valenciano a los pacientes que así lo reclamen. La reforma afectaría también a otras comunidades con lengua propia como Galicia, País Vasco, Cataluña o Baleares, al tratarse de una Ley de ámbito estatal.

Los socios de Ximo Puig en el Ejecutivo autonómico han registrado una proposición no de ley con la que se «insta el Gobierno central a realizar los cambios normativos oportunos en la legislación estatal para acabar con la vulneración de derechos lingüísticos que numerosos usuarios de la sanidad están sufriendo y denunciando en el territorio valenciano«.

En uno de los casos, un paciente fue multado con 600 euros por «alterar» el funcionamiento de un centro de salud de la localidad de Alfafar por exigir hablar en valenciano al médico en aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (conocida también como «ley mordaza»).

Compromís reclama modificar el artículo 10.1 de la Ley 14/1986 General de Sanidad a fin de introducir, entre los derechos que asisten los pacientes en su relación con las administraciones públicas sanitarias, los derechos lingüísticos, con el objetivo de que todas y todos los ciudadanos sean atendidos en cualquier de sus lenguas oficiales en el territorio respectivo.

En paralelo, Compromís aspira a aplicar el requisito lingüístico para poder trabajar en la sanidad pública valenciana, pero en este caso se ha topado con la oposición de sus compañeros de Gobierno del PSPV-PSOE.

No obstante, la Conselleria del ramo, dirigida por los socialistas, plantea que el valenciano puntúe el triple que una tesis doctoral para ser funcionario en Sanidad.

Según la diputada de Compromís Nathalie Torres «en los últimos meses se han denunciado múltiples casos de vulneración de los derechos lingüísticos en centros sanitarios valencianos. Estas personas se han visto en situaciones muy desagradables porque se les ha negado la atención por el simple hecho de hablar valenciano. Han trascendido los hechos ocurridos en Benilloba, Alfafar, Quart de Poblet o Alicante porque se han llegado a denunciar públicamente: a asociaciones en defensa de la lengua, al Síndic de Greuges, a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat o a la Consellería de Sanidad, pero hay otros muchos que no se denuncian, cosa que no significa que no existan».

De acuerdo con las explicaciones de Compromís, la propia Ley General de Sanidad dispone que el acceso y las prestaciones sanitarias se tienen que realizar en condiciones de igualdad efectiva y en el artículo 10 enumera los derechos de los pacientes en relación con las diversas administraciones públicas sanitarias, que concreta, en el punto 1: «En cuanto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social».

En este sentido Torres remarca que «de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía, el valenciano es lengua propia y, junto con el castellano, lengua oficial, en conformidad con lo que dispone la Constitución. Por eso, nadie puede ser discriminado por razón de lengua, y usar el valenciano es un derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos como también una obligación de la Administración garantizar el uso normal y oficial«.

«Esta garantía -ha añadido la parlamentaria de Compromís- es más notoria si pensamos en un paciente explicando un problema de salud y la necesidad tanto de hacerlo en su lengua propia como de ser entendido y atendido. Por eso las administraciones tienen que hacer un esfuerzo de protección y garantía de los derechos lingüísticos de las personas que hablan lenguas oficiales diferentes del castellano, especialmente en el ámbito sanitario, donde la vulneración de estos derechos incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de las personas. Consideramos que el cambio normativo que proponemos es una reclamación justa. Sería la manera de reparar el daño que ya se ha infringido sobre demasiadas personas y una forma de evitar que esta vulneración de derechos continúe ocurriendo».