El menor agredido sexualmente por una 'manada' de alumnos en Valencia convivió dos meses con los agresores

La Fiscalía de Menores -que sólo acusa a uno de los cinco implicados- no adoptó medidas cautelares. Dos de ellos eran inimputables en ese momento y otros dos están a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso contra el auto que archivó la causa para ellos por falta de pruebas.

Dos años más tarde y con el caso judicializado, a estos alumnos se les sigue realizando un «control y seguimiento» especial por parte de los tutores, profesores y del Departamento de Orientación del Colegio Nuestra Señora de Loreto, que no se personó ni forma parte del procedimiento penal.

«No se ha detectado ninguna incidencia ni cualquier conducta preocupante», ha señalado este lunes su directora general, María Dolores Esteban, en rueda de prensa. No tienen constancia de posibles episodios de acoso anteriores ni de que la agresión hubiera sido grabada en vídeo.

Tampoco ha habido un reconocimiento explícito de los hechos ni una petición de perdón. «Las familias están defendiendo los derechos de sus hijos de la mejor forma que creen», ha explicado la directora general de la Fundación Educativa Santo Domingo, Julia Moreno, que ha manifestado su «solidaridad con las familias de los victimarios y el respeto a la presunción de inocencia». También la condena «más rotunda a todo tipo de abusos y violencia que afecten a menores». «En el momento en que tengamos una resolución firme, adoptaremos todas las medidas pertinentes», ha sostenido.

Fuentes de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana indican a ABC que la inspección educativa asesoró desde el primer momento tanto al colegio concertado como al entorno de la víctima tras activarse los protocolos. Del mismo modo, acompañó al joven -y a sus hermanos, posteriormente- en la «adaptación» al centro al que fue trasladado con el inicio del siguiente curso.

Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando la víctima de 13 años y los presuntos agresores estudiaban 2º de la ESO, y viajaron a Benalmádena (Málaga) para participar en unas olimpiadas deportivas organizadas por la Fundación Educativa Santo Domingo. Según avanzó Las Provincias, el menor siguió sufriendo acoso en silencio durante las siguientes semanas para que no revelara lo ocurrido, hasta el punto de desplomarse en los brazos de su madre y entrar en estado catatónico por el severo estrés emocional que padecía y que le llevó a ser hospitalizado. Hasta entonces no había contado a nadie lo que le sucedía.

El 5 de junio, la familia del menor comunicó a su tutor que el niño no estaba en condiciones de asistir al colegio debido a un incidente con compañeros, sin ofrecer más detalles. El día 12 de ese mes, el centro educativo tuvo constancia de que «presuntamente existieron conductas sexuales inapropiadas» en esa salida a través del psicólogo externo del alumno, que les entregó una copia del informe que había llevado a la Justicia, con el sello de la Fiscalía.

Fue por ello por lo que el centro -tras consultar con la inspección educativa- no se personó en el procedimiento, aunque podría ser responsable civil de lo ocurrido. «Nuestra aportación, puesto que no teníamos ni siquiera noticia de los hechos, no iba a ser relevante», ha argumentado la directora de la FESD.

Desde el Colegio Nuestra Señora de Loreto, en el que estudian alrededor de 1.300 alumnos, defienden que actuaron inmediatamente ante esta «situación dolorosa» e informaron al personal del centro y a las familias del curso de lo ocurrido. Además de mostrar su «máxima colaboración» con la Justicia con la información que tenían y sus testimonios, están celebrando reuniones con los padres tras el revuelo mediático de los últimos días. «No se ha olvidado, lo tenemos latente», han subrayado.

Desde 2023, el curso de la víctima no ha participado en actividades con pernocta, aunque sí tienen un viaje previsto en las próximas semanas. Desconocen si los alumnos señalados participarán o no, puesto que es decisión de sus padres.

A raíz de lo ocurrido, han explicado, las familias firman una serie de «normas más estrictas», entre las que se incluyen el compromiso de retirar a su hijo de la excursión en caso de que se produzca cualquier incidente. «No existe un riesgo cero», ha lamentado Moreno, pues no puede haber un profesor en cada habitación. En ese sentido, ha incidido en que la ratio de vigilancia en el momento de los hechos era «muy superior» a la exigida por la normativa.

El 900 018 018 es el teléfono de atención a víctimas de maltrato y acoso escolar.