Las cinco visitas a Urgencias de Aitor, de ocho años, antes de morir: «Ni ecografía ni análisis de sangre»

El calvario de Aitor comenzó el sábado 24 de octubre, cuando sintió un terrible dolor abdominal y fue trasladado por su madre a un centro de salud de la localidad alicantina de Petrer, donde le remitieron al hospital por primera vez. «Me lo mandaron a casa», relataba Marta, su abuela y tutora legal, en un vídeo que se viralizó en redes sociales hace un par de años. Según su relato, al día siguiente, tras no cesar la afección, acudieron al Hospital General de Elda donde le sometieron a un análisis de orina y le diagnosticaron gastroenteritis y le recetaron un suero antes de enviarlo de nuevo a su domicilio.

Su familia repitió las visitas el lunes 26 y el martes 27, tanto al centro de salud como al hospital después, donde señalan que no se realizaron exploraciones físicas suficientes para detectar la verdadera afección. Finalmente, en la madrugada del miércoles 28 se desmayó en su casa y a las nueve de la mañana falleció en el hospital a causa de una peritonitis.

En 2022, dos años después, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Elda citó a declarar a las dos facultativas en calidad de investigadas después de que un informe médico determinada que pudo haber una «mala praxis» durante su atención. En concreto, desgranaba que la pediatra presuntamente pudo suministrar una medicación inadecuada, y respecto a la médica del hospital, a la cual supuestamente achaca no estar supervisada por un superior.

Este pasado lunes arrancó el juicio más de cuatro años después de la muerte de Aitor, en el que las dos médicas acusadas de negligencia defendieron su actuación respecto al tratamiento clínico del menor durante una primera sesión marcada por «versiones muy contrapuestas» entre las partes. La familia pide 21 años de cárcel para cada una de las dos facultativas e inhabilitación durante el tiempo de la condena para ejercer su profesión por un delito de homicidio por omisión.

También solicita una indemnización en concepto de responsabilidad civil a la madre del menor de 350.000 euros por los «inmensos daños morales ocasionados, la pérdida de la calidad de vida y el grave perjuicio causado», además de indemnizar a sus tutores legales, y embargar sus bienes por valor de 1.850.000 euros para «garantizar las responsabilidades civiles derivadas». Así, reclaman también condenar como responsable civil subsidiaria a la Conselleria de Sanidad y a su compañía aseguradora.

Por su parte, el ministerio público pide penas de prisión de dos años y cuatro meses para la facultativa del Hospital General de Elda y otra de un año y diez meses para la del centro de salud. También pide inhabilitarlas para ejercer la profesión médica durante cuatro años y seis meses y durante tres años y seis meses, respectivamente. Asimismo, exige a las acusadas indemnizaciones de más de 143.000 euros para la madre del menor y para sus abuelos.

Más allá de las médicas procesadas, también declararon la madre de Aitor y sus abuelos y tutores legales. La abuela del menor fallecido instó a «hacer justicia» por el menor fallecido, al que se refiere como su hijo. «La sesión ha sido como una montaña rusa. Entras ahí con tu verdad, con tu dolor, con tu pena, y ves que hay gente que no tiene sentimientos. Entonces, es muy duro», explicó.

«Aitor somos todos. Esto, aparte de por la justicia y el honor de mi hijo, lo hago por muchas familias que se quedan en el camino por no poder llegar, por no encontrar profesionales o porque les dicen que no van a llegar a ningún sitio y que no merece la pena», declaró.

Además, apuntó que «cuando nos arrebatan la vida de un hijo, de un familiar, nos lo quitan todo, tanto un médico como un criminal». «Por ello pido desde aquí a los familiares que ante ese dolor saquen las entrañas de dentro, esos trozos de corazón y que luchen por hacer justicia, porque nuestros hijos se lo merecen», concluyó.