Choque de la Generalitat Valenciana y la Junta de Castilla-La Mancha por las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en el Consejo Nacional del Agua

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha planteado en este encuentro auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con representantes de las diferentes comunidades autónomas y el Gobierno, «la creación de un marco técnico y un grupo de trabajo entre todas las partes implicadas», según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Pradas ha asegurado que el Consell «es solidario, pero también reclama unas normas duraderas que atiendan las inquietudes, las sensibilidades, las singularidades y las demandas de los usuarios del Tajo-Segura».

La Generalitat Valenciana ha abogado también por elevar esos criterios técnicos con el objetivo de consensuar un verdadero Pacto Nacional del Agua entre las comunidades autónomas y el Gobierno «para que así el agua pase de ser una herramienta de confrontación a una de solución», según Pradas.

Asimismo, la consellera ha apostado por seguir el camino marcado por la Comunitat Valenciana en toda España y centrarse en la reutilización. «En la actualidad reutilizamos un 40 % del agua de todo el país, pero nuestro objetivo es alcanzar una cuota del 45 %», ha sentenciado

Durante la reunión, Pradas ha pedido que se salde la «deuda hídrica» de la Comunitat Valenciana y ha defendido que «el agua es dominio público de todos los españoles y que es necesaria la misma solidaridad interterritorial en materia hídrica, que la que practicamos en la Comunitat Valenciana con otras comunidades».

En su intervención, la consellera ha pedido, entre otras cosas, materializar el envío de las aportaciones de agua necesarias a L'Albufera -atendiendo a lo previsto en el artículo 13 de las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar- «para garantizar el equilibrio ecológico y el buen estado del parque natural».

Para Pradas es vital «el respeto a los derechos hídricos de nuestros sectores productivos, especialmente de nuestra agricultura y de nuestros espacios naturales protegidos, como L'Albufera».

En este sentido, la consellera considera necesaria la firma de un protocolo que permita a las administraciones competentes «disponer de procesos ágiles y activos en el tiempo, que sean capaces de detectar las situaciones de emergencia en el parque natural».

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha señalado que en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión del Consejo Nacional del Agua ha vuelto a exigir ante el Ministerio para la Transición Ecológica que se cumpla el calendario acordado y se adapten las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura.

Ha apuntado al Levante para recordarle que tienen «recursos alternativos» más allá del trasvase, como es el agua desalada. «Que se adapten».

Ante la escalada del tono desde el Levante tras las últimas lluvias, ha afeado a las regiones receptoras que una vez más «han jugado con un recurso que no es suyo« y del que están a «300 kilómetros de distancia», pese a lo cual «quieren tener exclusividad».

«Y lógicamente Castilla-La Mancha no va a consentirlo, aunque esto no tiene por qué ser una guerra del agua. Hay que poner racionalidad encima de la mesa», ha deseado.

La reivindicación de Castilla-La Mancha pasa por hacer valer el informe técnico que desde la región sí se ha cumplido, algo que pone en duda que hayan hecho el resto de regiones afectadas y que, defiende, no ha hecho el ministerio de Teresa Ribera al no haber adaptado las reglas de explotación acordadas en la fecha acordada.

En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Consejo Nacional del Agua que se cita en el Ministerio de Transición Ecológica, ha puesto de manifiesto que uno de los puntos del orden del día fundamentales pasa por hablar de la reutilización del agua, ya que es «fundamental» una buena gestión.

Igualmente, ha deseado que se aborden «mejoras en las tramitaciones normativas necesarias y de gestión de las autorizaciones del uso del agua» a través de procedimientos de digitalización y con la participación de empresas que «ayuden a agilizar» dichos procedimientos.

«Vamos tarde porque la planificación hidrológica aprobada en febrero del año 2023 preveía un año para poder adaptar estas reglas de explotación y ha sido superado con creces ese año», ha avanzado.

Además, ha reclamado tener en cuenta que «Castilla-La Mancha reclama que tanto los niveles 3 y 4 que están establecidos dentro de estas reglas tienen que ser adaptados a los caudales ecológicos que se han puesto ya en la cuenca del río Tajo, caudales que además tienen que permitir que nuestro río sea un río con un régimen natural que permita proteger las especies de fauna y de flora que además hay en los alrededores».

Va a pedir igualmente tener en cuenta las «necesidades fundamentales de agua» en la región para el «desarrollo socioeconómico» de la Comunidad Autónoma, ya que esas necesidades «se pueden ver mermadas por los trasvases».