Catalá culpa a la oposición de no llegar a un acuerdo para aprobar la ZBE: «Intentan incorporar proyectos que nada tienen que ver»

Cabe recordar que desde el último pleno municipal, el Ayuntamiento de Valencia tiene en juego 115 millones de euros tras el voto en contra de última hora de Vox a la ordenanza de la ZBE, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de diciembre. La negativa de Vox, que forma parte del equipo de gobierno junto al PP, dejó a los 'populares' en solitario en la defensa de la normativa tras votar hasta en cinco ocasiones a favor previamente.

Tras el voto en contra de su socio de Gobierno, el PP inició las negociaciones con la oposición, en las que según ha indicado Catalá, han incorporado «las propias alegaciones» que presentaron PSOE y Compromís, que contemplaban « nuevas etiquetas y ampliar el ámbito territorial». No obstante, la primera edil subraya que en el momento de la negociación, «de repente» les comunicaron que «también querían incluir el corredor verde», que tal y como ha señalado Catalá, «no se puede poner incluir en el texto de la ordenanza de la ZBE».

Por ello, la alcaldesa ha incidido en que «esta ha sido una oportunidad única para dejar en evidencia lo que de verdad supone contar con el PSOE y Compromís». «Han demostrado que no tienen ningún ánimo de llegar a ningún consenso por responsabilidad», ha insistido.

Asimismo, además de señalar que el PSOE «quiere incorporar proyectos que nada tienen que ver», Catalá también ha acusado a Compromís de proponer «aprobar la ordenanza a cambio de que les aprobaran una moción en el siguiente pleno, que nada tenía que ver»

«Yo lo intento, he cogido sus propias alegaciones para negociar ese texto pero es que no quieren llegar a ningún acuerdo, quieren incorporar en la negociación cosas que no», ha concluido la alcaldesa de Valencia.

La no implementación de la ZBE en Valencia pone en riesgo los fondos europeos Next Generation. Además de la pérdida de estas ayudas, el Ayuntamiento se enfrentaría a una sanción económica por incumplir con la normativa, junto con la obligación de devolver las subvenciones al transporte, lo que asciende a 115 millones de euros.

Al respecto, la concejal socialista, María Pérez, ha denunciado que «la señora Catalá no solo no dice la verdad sobre las negociaciones de la Zona de Bajas Emisiones sino que, además, parece haber olvidado que es la alcaldesa. Porque la responsabilidad de cumplir con la ley y tener una zona de bajas emisiones que mejore la calidad del aire es de la alcaldesa y del Partido Popular; la responsabilidad de conseguir llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos también es de la alcaldesa y del Partido Popular; y la responsabilidad de que esta ciudad no pierda 115 millones de euros ni las bonificaciones al transporte también es de la alcaldesa y del Partido Popular. Pero la señora Catalá parece que prefiere culpar a los demás antes que asumir sus obligaciones y esconder su falta de gestión detrás de excusas. Y eso no es gobernar sino irresponsabilidad política».

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que “lo que ha hecho hoy María José Catalá es un ejercicio de irresponsabilidad y cinismo político de manual. Pretende, una vez más, culpar a la oposición de su propio fracaso con la Zona de Bajas Emisiones, cuando la realidad es muy clara: es ella quien ha decidido, de manera premeditada, incumplir la ley para no hacer su trabajo. Su fracaso es únicamente imputable a su incapacidad como alcaldesa".

Asimismo, Robles ha indicado que "la moción que Compromís presentó en la Comisión de Patrimonio sí tiene que ver, y mucho, con la ZBE. Proponía acciones concretas para reducir la contaminación en Valencia: pacificar Colón, mejorar el transporte público y proteger el patrimonio histórico de los efectos del tráfico. Es exactamente el camino que exige la normativa europea para avanzar hacia una ciudad más saludable. Pero Catalá, en lugar de sumarse a esa línea de trabajo, votó en contra".

En esta línea, la portavoz de Compromís ha subrayado que "es muy grave que una alcaldesa prefiera desafiar la ley y arriesgarse a perder hasta 150 millones de euros antes que reconocer que su gestión ha sido un desastre. Ahora amenaza con acudir a los tribunales, pero quien está vulnerando la norma y poniendo en riesgo el dinero y la salud de la ciudadanía es ella. En Valencia tenemos una alcaldesa más preocupada por su promoción personal que por gestionar. Aprobar una ordenanza es gestión pura y dura, y en eso merece un cero rotundo. Su inmovilismo, su aceptación y aplicación de medidas de la extrema derecha y su falta de proyecto están convirtiendo una obligación legal en un nuevo ridículo institucional. Y la factura la pagaremos todos: más humo, más ruido, menos salud y menos dinero para la ciudad. Si Valencia pierde 150 millones de euros, María José Catalá tendrá que dejar su cargo, porque el escándalo sería mayúsculo.”