Catalá activa su reforma fiscal en Valencia: baja un 20% el IBI y reduce al mínimo la plusvalía en herencias

La ordenanza de medidas fiscales contempla una reducción del 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El tipo de gravamen general pasa del 0,723 al 0,578%. Más de 400.000 propietarios, según fuentes municipales, pagarán 70 euros menos de media en este recibo; 92 en el caso de 33.000 comerciantes. Además, se amplían las bonificaciones a las familias numerosas, al 60% para las de carácter general y al 90% a las de categoría especial.

El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -conocido como el impuesto de circulación- también se verá reducido en un 8,5%, dejando sin efecto la subida aprobada en 2020. Del mismo modo, la propuesta del Gobierno de Catalá rebaja en un 50% la tasa de alcantarillado.

Respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -el impuesto de plusvalía- contempla aplicar una bonificación del 95% -al mínimo- en el caso de heredar una vivienda o un negocio familiar en la ciudad y, como novedad, también en la transmisión de comercios en vida a cónyuges o hijos siempre que se mantengan la actividad, la propiedad y los empleados durante dos años. Durante la primera mitad de este año, 12.830 contribuyentes podrían haberse ahorrado este tributo.

No obstante, la entrada en vigor de estas medidas -entre las que también se prevé flexibilizar los plazos de pago- depende de los grupos de la oposición. El Gobierno del PP en minoría -con trece concejales- necesita los cuatro votos de Vox para alcanzar la mayoría absoluta necesaria que selle su reforma.

Un apoyo que el portavoz de la formación, Juanma Badenas, ha puesto en duda esta semana, señalando que pese a «tener el 25% del peso necesario para que haya una mayoría suficiente», los populares solo les han remitido «un folio y medio» con un resumen genérico de estas ordenanzas, algo que «no es serio».

Tanto es así que el hasta ahora «socio preferente» del PP ha exigido a Catalá entrar a formar parte de su equipo de gobierno como condición para aprobar los presupuestos municipales del año que viene.

En rueda de prensa, la edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha señalado que el PP ha cumplido su promesa de «aumentar la competitividad fiscal y aliviar el esfuerzo de las familias» en contraposición al anterior Ejecutivo de Compromís y PSPV, en cuyo mandato «se subieron los impuestos dos veces».

Ferrer San Segundo ha garantizado que no está previsto recortar inversiones y que la partida de ingresos de las cuentas públicas se compensará con aportaciones de otras vías y una mejor planificación que evite que se queden fondos sin ejecutar durante el año en cuestión.

Respecto a la aprobación definitiva de estas ordenanzas, la concejal ha incidido en que, aunque no salga adelante en comisión, se llevará al pleno igualmente y se ha mostrado «optimista» con el resultado de las votaciones, que se realizarán por separado, una a una. San Segundo cree que, pese a las diferencias, los dos grupos de izquierda pueden encontrar alguna medida que sí encaje en sus planteamientos.

En cuanto a Vox, la edil ha puesto el foco en que la «línea ideológica» de la formación de Santiago Abascal casa con la rebaja de impuestos propuesta, por lo que rechazarla por «cuestiones estratégicas» seria «un problema de coherencia y de explicación a tus propios votantes». En cualquier caso, ha añadido, «en política dos o tres semanas es un mundo».

Sin embargo, Vox ya ha anunciado que votará en contra de las ordenanzas fiscales al alegar «falta de información» en ellas mientras que desde Compromís y PSPV critican que se trata de una reducción que beneficia a las rentas más ricas y que el ahorro de unos 70 millones para los valencianos supondrá un recorte en los servicios públicos de la ciudad.

«Si no quieren nuestra participación en la elaboración de las ordenanzas y en el gobierno o en la gobernabilidad del Ayuntamiento de Valencia, tampoco van a contar con nuestros votos», ha advertido de nuevo Juanma Badenas.

Desde Compromís, la edil Eva Coscollà ha criticado en un comunicado que con esta bajada de impuestos los valencianos «más ricos» son quienes más se beneficiarán «mientras que el 60 por ciento de la población se ahorrará tan solo 45 euros al año, la cifra realmente importante».

«Esta bajada supondrá que el Ayuntamiento de Valencia dejará de ingresar 70 millones menos, lo que significará, sí o sí, un recorte o imposibilidad de mejora de los servicios públicos para los habitantes de nuestra ciudad. Con estos 70 millones que dejarán de ingresarse podrían hacerse, por ejemplo, 200 jardines en nuestros barrios o comprar otros 100 autobuses, ampliar las ayudas de formación, actividades para personas mayores, ayudas al emprendimiento y la innovación y nuevas oportunidades para los jóvenes», ha reprochado.

Para Compromís, «Valencia necesita más gasto social, más inversión y no una bajada regresiva de impuestos que perjudica a las personas con menos recursos y, en cambio, beneficia a las personas de mayores niveles de renta». «Necesitamos mayor capacidad de gasto, no menos», ha zanjado.

En esta misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha calificado las nuevas ordenanzas que quiere aprobar el equipo de gobierno de «estafa fiscal». «Se trata de unas ordenanzas fiscales que beneficiarán a los que más tienen y a los grandes propietarios. Y siempre que consiga aprobarlos porque, como hemos visto en la EMT, la señora Catalá dirige un gobierno tremendamente frágil», ha expuesto en un comunicado.

Para Gómez, «el borrador que ha aprobado en Junta de Gobierno de Catalá supone una estafa para la mayoría de valencianos y valencianas, que se ahorrarán unos pocos euros mientras se les recortan los servicios municipales porque el Ayuntamiento dejará de ingresar 70 millones de euros. Y todo para beneficiar a los que más tienen», ha indicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que, a través de esta reforma, «las grandes superficies y los grandes propietarios se ahorrarán miles de euros mientras que las familias corrientes se ahorren una media de 30 euros al año».