Bustinduy exige a Mazón sancionar pisos turísticos ilegales mientras la Generalitat rechaza la «fracasada» Ley de Vivienda

Así, lo ha trasladado este viernes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la atención a medios en la localidad valenciana de Gandía, aseverando que «es su competencia, es su normativa, es su responsabilidad. No hay excusa para no actuar».

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha contestado al ministro tras sus declaraciones y ha rechazado tajantemente «la fracasada» Ley de Vivienda defendida por el ministro, calificándola de «ideológica e ineficaz» y responsabilizándola de «reducir la oferta y aumentar los precios», «como en Cataluña».

En este sentido, Pablo Bustinduy ha recordado el reciente aval judicial a la medida del Ministerio para bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, y ha remarcado que «cuando existe voluntad política y las administraciones actúan en favor de la ciudadanía para defender el derecho a la vivienda, por supuesto que se puede revertir la situación inasumible que viven millones de familias».

También ha insistido en que el Ministerio de Consumo «ya ha hecho el trabajo que no han hecho los gobiernos autonómicos, bloquear los anuncios ilegales conforme a la normativa autonómica», frente a lo que «era responsabilidad de los gobiernos autonómicos», pero «no lo hicieron».

Por todo ello, Bustinduy le ha pedido a Mazón que «sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal» de pisos turísticos, porque «es esencial» que «se respeten las normas» y que esas viviendas «vuelvan a ese uso y se pongan en alquiler asequible». También ha hecho hincapié en que «hay herramientas para ello», ya que «la ley de vivienda permite topar los precios de los alquileres abusivos y forzar a los grandes tenedores a poner esas viviendas donde deben estar». «Y si la ley de vivienda no se aplica en esta comunidad es porque el señor Mazón no quiere», ha añadido.

En respuesta a las críticas del titular de Consumo por la falta de aplicación de la norma en la Comunitat Valenciana, Camarero ha reivindicado el modelo del Consell, centrado en «dar facilidades y promover la construcción de vivienda», sin generar «inseguridad jurídica».

En la misma línea, el ministro de Consumo ha subrayado que «los alquileres abusivos podrían bajar en la Comunidad Valenciana mañana si el señor Mazón tuviera la voluntad política para hacerlo». « Basta de excusas y de proteger a quienes hacen un negocio con el derecho a la vivienda por encima de las familias trabajadoras de este país», ha señalado.

Asimismo, Pablo Bustinduy ha anunciado que se remitirá una carta al gobierno de Carlos Mazón para poner a su disposición tanto las herramientas del Ministerio como la información recopilada por su unidad de análisis.

«Cualquier actividad económica tiene que cumplir lo que dictan las normativas y las leyes", y "se tiene que dar dentro de unos parámetros de sostenibilidad. Ninguna actividad económica, por importante o lucrativa que sea, puede desarrollarse contra el bienestar, los intereses, los derechos o las necesidades de la ciudadanía», ha zanjado el titular de Consumo.

También Susana Camarero ha defendido que la política autonómica «ya está dando resultados», puesto que desde la aprobación del nuevo decreto de vivienda protegida en diciembre de 2024, «se han triplicado las solicitudes de calificación provisional por parte de promotores privados». Además, ha destacado que la «colaboración público-privada ha permitido licitar suelo para más de 1.600 viviendas en 12 municipios, con la previsión de superar las 2.000 en construcción este año».

Así, la consellera de Vivienda ha recordado que la Generalitat ha implementado «una ambiciosa estrategia para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, combinando medidas fiscales, financieras y de planificación urbanística», así como ha explicado que «este Consell tiene una política de vivienda que permite movilizar la inversión, poner más casas en el mercado y facilitar el acceso a una vivienda digna sin desincentivar la oferta ni perjudicar a propietarios y arrendadores».