A la reunión de trabajo han asistido el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, el teniente de alcaldía de Territorio y Vivienda de Badalona, Daniel Gracia, y el concejal de Políticas contra la ocupación ilegal, Daniel Aguilera. «La Oficina Antiocupación tiene como objetivo asesorar a los propietarios, intentar prestar mejor servicio, y coordinar todas las áreas de gobierno, donde en primer lugar vamos a ayudar a las familias vulnerables desde los Servicios Sociales, y en segundo lugar ayudar a los propietarios que sufren una ocupación ilegal o una inquiocupación», ha explicado la alcaldesa Catalá.
«Para nosotros es muy importante el mercado de la vivienda y nos preocupan las viviendas vacías. Una vivienda ocupada ilegalmente es una vivienda menos para nuestros jóvenes y lo que debemos hacer desde las Administraciones es dar seguridad jurídica a los propietarios para que saquen estas viviendas al mercado», ha añadido.
«Según el barómetro municipal, una de cada cuatro viviendas vacías de la ciudad —hay más de 37.000 viviendas— no salen al alquiler por la inseguridad jurídica que hay en estos momentos. Lo que queremos es que esas viviendas salgan al alquiler y lo que debemos dar es garantías a los propietarios para que puedan sacar al mercado esas viviendas», ha relatado María José Catalá.
Asimismo, la alcaldesa de Valencia ha explicado que desde esta Oficina Antiocupación, para evitar los problemas de convivencia que genera este fenómeno y para poder actuar dentro de las primeras 48 horas de la ocupación, se va a exigir a los grandes tenedores a que implanten medidas de seguridad como alarmas para evitar ocupaciones ilegales.
Catalá ha concluido afirmando que «vamos a exigir que adopten esas medidas de seguridad y hacerles corresponsables para evitar problemas de convivencia y además trabajen con el Ayuntamiento para sacar esas viviendas vacías al mercado del alquiler».
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