Una auditoría revela irregularidades en los contratos de la Generalitat de Ximo Puig en 2022

El informe, publicado este miércoles, revela que la mayor parte de los expedientes analizados no contemplan ninguna penalización en caso de que se incumplan de forma grave los pliegos por parte del adjudicatario. Tampoco describen -o lo hacen de forma insuficiente- la forma de acreditar su cumplimiento o cómo se va a comprobar que el contrato se ha ejecutado satisfactoriamente.

Por otro lado, aunque los criterios de adjudicación contemplan obligaciones o compromisos, en algunos casos no consta que la conselleria responsable haya pedido la documentación que verifica que se cumplen. Lo mismo ocurre cuando los adjudicatarios presentan mejoras al contrato ofertado. En ambos casos, se desconoce si el contratista las ha ejecutado adecuadamente o no, y por tanto si la Generalitat -Presidencia, Educación, Agricultura o Igualdad- tiene derecho a alguna acción por ese motivo.

Además, la auditoría da cuenta de que la mayor parte de las consellerias no han adoptado medidas para detectar y solucionar los posibles conflictos de interés del personal que participa en el proceso de cualquier licitación: los miembros de la mesa de contratación, los redactores de los pliegos o los responsables de los contratos.

En general, los trabajadores de los departamentos «son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública».

En ese sentido, recalca el documento, «para la descripción y seguimiento de determinados servicios, suministros y obras se requiere personal especializado (sanitarios, arquitectos, ingenieros, informáticos) y para la elaboración de la documentación administrativa es necesario personal con suficiente formación en contratación pública».

Del mismo modo, los contratos no contienen un precio cierto, no se justifica adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicarlos, ni se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia. Tampoco se determinan con precisión las necesidades que quieren cubrirse y falta información relevante para que los interesados puedan recurrir tras su resolución.

En cuanto a los contratos menores del pasado año, la muestra analizada señala que «los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado» como establece la normativa.

«Esta deficiencia es importante por cuanto el valor estimado determina los procedimientos de contratación», indica el informe. De los 56 expedientes revisados, solo en tres -de la Conselleria de Sanidad- no se constata esta incidencia y solo en seis -tres de Sanidad y tres de Agricultura- se designó a un responsable que conocía los detalles del contrato.

En paralelo, durante el ejercicio 2022 se tramitaron 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un total de 1.357,7 millones de euros. Un 82,8% corresponden a la Conselleria de Sanidad, un 11,8% a la de Igualdad y un 3,4% a la de Hacienda.

«Los gastos incluidos en estos expedientes de resarcimiento corresponden a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y que se han ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», subraya la auditoría.

El documento recoge recomendaciones para mejorar la gestión contractual por parte de los responsables de la Generalitat. Algunas de las incluidas en informes de ejercicios anteriores, advierte la Sindicatura, siguen sin tenerse en cuenta.