Asaja-Alicante califica de «dictatorial» la imposición del agua desalada por el Gobierno para compensar el recorte al trasvase Tajo-Segura

Al mismo tiempo, ha atribuido al Ejecutivo central la responsabilidad de «no ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos, ni de gestionar con coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas».

Así se ha expresado la asociación alicantina en un comunicado, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.

Asaja-Alicante ha señalado que «imponer por la vía autoritaria« la sustitución de agua trasvasada por desalada »no garantiza una seguridad mínima al campo, pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada».

«La agricultura no tiene músculo para soportar más sobrecostes«, ha subrayado el secretario técnico de Asaja-Alicante, Ramón Espinosa. Igualmente, ha añadido que «suprimir una infraestructura histórica que sí ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, resta independencia y competitividad».

Por su parte, el presidente la entidad, José Vicente Andreu, ha sostenido que «ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada». En este sentido, ha expresado que el agua desalada es un 500% más contaminante en emisiones de CO2, «sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera».

En relación al coste económico, ha apuntado que, tras la decisión del Consejo de Ministros, «el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona».

«Todos los argumentos y promesas de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada, incluso recurriendo a la semántica, para crear un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos, para el cual no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento», ha aseverado.

Así, sobre la promesa de constituir comisiones bilaterales con la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia para hacer un seguimiento de las inversiones en infraestructuras de desalación y reutilización, Asaja-Alicante ha lamentado que «ese afán de conversación por parte de la ministra no haya existido durante estos últimos años». «Los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que hoy ha aprobado, tras una actitud déspota y dictatorial», ha criticado.

Andreu ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no ha sido capaz de frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado, las alegaciones de las comunidad autónomas afectadas y la voz de miles de agricultores y expertos que han cuantificado con cifras el descalabro en términos de empleo, hectáreas de regadío e impacto socioeconómico que supondrá el recorte del trasvase».

Asimismo, ha hecho hincapié en que las consecuencias de lo aprobado este martes «serán inmediatas, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán«. De hecho, ha concretado que »la incertidumbre de poder disponer de recursos de agua que puedan asumir los agricultores afectará inevitablemente a la campaña de verano».

«Las siembras de sandía, melón, granada o breva están en el aire, porque tendrían que costear el agua desalada a precios no son compatibles con la agricultura levantina», ha precisado, al tiempo que ha lamentado que el sector será «menos competitivo».

En este contexto, la organización agraria ha avanzado que seguirá movilizándose a favor de la continuidad del trasvase y recurrirá a la vía judicial si es necesario.