Archivan la investigación judicial del incendio de Campanar en Valencia al no apreciar indicios de delito

Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y de la Fiscalía, el magistrado ha adoptado esta decisión en un auto por el que levanta también el secreto de las actuaciones, tras recibir un informe policial que descarta expresamente la «etiología criminal o delictiva» del origen del fuego.

La resolución judicial, que puede ser recurrida, autoriza también el acceso al edificio siniestrado de los peritos de las compañías aseguradoras que acrediten un contrato de seguro con alguno de los elementos del inmueble bajo supervisión y con acompañamiento de agentes de la Policía Científica.

El incendio, el más pavoroso de la historia en la Comunidad Valenciana, se originó el pasado 22 de febrero, sobre las 17.30 horas, en el apartamento 86 de uno de los dos edificios conformados por 138 inmuebles que fueron arrasados por el fuego.

Transcurrida apenas una hora del origen del fuego, las llamas habían devorado los dos bloques de viviendas, de 10 y 14 plantas, en las que vivían unos 450 vecinos. Como consecuencia, un total de personas murieron y otras quince resultaron heridas, entre ellas, siete bomberos que participaron en las tareas de rescate de las víctimas y extinción de las llamas del peor incendio de la historia de la ciudad de Valencia.

A raíz del incendio declarado en estos edificios construidos en 2009 por una promotora que quebró, se puso en marcha toda la operativa de emergencias y se abrió una causa judicial para investigar lo ocurrido y determinar las causas del fuego, que se propagó en tiempo récord.

En cuanto al origen de las llamas, un equipo multidisciplinar formado por agentes de la Comisaría General de la Policía Científica de Madrid y de la Brigada Provincial de la Policía Científica de Valencia trabajaron durante semanas en el interior del esqueleto del inmueble calcinado para hallar pistas. La tesis más plausible que manejan estos investigadores atisba un posible fallo eléctrico que generó un cortocircuito en el mecanismo del toldo de la vivienda 86, la cual se encontraba deshabitada en el momento del siniestro. No obstante, tampoco descartaron que la combustión naciera del interior de la casa por la sobrecarga de un electrodoméstico. En ambos casos, no han hallado origen delictivo alguno.

En paralelo, las pesquisas policiales llevadas a cabo después del incendio también se centraron en la virulenta manera en la que se propagaron las llamas por todo el edificio y cómo pudieron influir los materiales con los que estaba revestida la fachada ubicada frente a la rotonda entre las avenidas General Avilés y Maestro Rodrigo.

Descartada la primera teoría de que fuera poliuretano el material aislante que desató el efecto chimenea en la parte ventilada del exterior del inmueble, la investigación pudo confirmar que se trataba de lana de roca, un componente ignífugo de origen volcánico, prácticamente imposible que pueda arder. Por lo que, señalaron los agentes de la Policía Científica que el desencadenante podría estar en el termoplástico empleado a modo de resina para adherir las placas de aluminio a la fachada.

Ahora, una vez el magistrado ha autorizado el acceso de las compañías aseguradoras al inmueble siniestrado, es el momento de que firmas como Indexa o Intemac analicen cada milímetro para determinar si el edificio puede ser reconstruido o si por el contrario debe ser demolido, extremo para el que el coste de los trabajos debe ser superior a la mitad de la póliza de seguros, cifrada en 26,5 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes diferentes ayudas destinadas a «aliviar» la situación que padecen los vecinos del edificio tras ser declarado como una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC). Estas medidas atienden a causas como fallecimiento, incapacidad, destrucción y daños, así como la exención de diferentes tasas e impuestos.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha ordenado una línea de ayudas para afrontar gastos de primera necesidad, que pueden ascender hasta los 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar; además de suspender el pago de impuestos vinculados a la compra de una nueva vivienda y otras propuestas de carácter social como reubicación preferente en residencias y centros de día para personas dependientes, escolarización de alumnos si las familias cambian de residencia y transporte público gratuito durante un año.

En paralelo, cerca de cien familias afectadas por el terrible suceso ya se encuentran viviendo en un edificio de titularidad municipal que el Ayuntamiento de Valencia les ha cedido temporalmente en el barrio de Safranar, después de que se hospedaran los primeros días en diferentes hoteles de la capital del Turia.

El inspector jefe del departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Enrique Chisbert explicó este viernes que hicieron «todo lo que estuvo en sus manos», pero que «no son héroes ni lo quieren ser»: «Lo que nos mueve es la vocación de servicio público y ahora y siempre estaremos ahí cuando las circunstancias vengan mal dadas».

Los bomberos de Valencia agradecieron el cariño y el reconocimiento que le ha ofrecido la sociedad española, entre ellos los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, que visitaron el pasado lunes 26 de febrero la 'zona cero', donde rindieron tributo en primera persona de la heroicidad de estos trabajadores, así como de policías, sanitarios, psicólogos, empresarios y otros agentes de protección.

Uno de los momentos más recordados por los bomberos de aquella fatídica tarde fue el agónico rescate de una pareja que se quedó atrapada en uno de los balcones mientras las llamas devoraban la totalidad del edificio. Finalmente, dos horas y media después con todas las cámaras apuntando hacia ellos, lograron ponerles a salvo en una noche que jamás se podrá olvidar en Valencia.