Anticorrupción concluye que hubo un «asalto» en Imelsa y Ciegsa: «Asusta pensar todo lo que han podido hacer con el dinero»

Así se ha pronunciado el fiscal en la lectura de su informe de conclusiones durante la vista celebrada en la Audiencia de Valencia por este asunto, que suma 25 acusados -inicialmente eran 26 pero se acordó dejar a uno de ellos para un procedimiento separado-. Once de los acusados han reconocido los hechos delictivos y han alcanzado un pacto con las acusaciones.

Entre los acusados que no han reconocido los hechos se encuentra Alfonso Rus, para el que Fiscalía pide 12 años de prisión, la misma pena que para el exgerente de la empresa pública Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'. También figuran en el banquillo el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) -se enfrenta a seis años- y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla -12 años-.

El fiscal ha lamentado que en esta causa los acusados «han despreciado» el hecho de que el dinero del que se han apropiado «venía de la Diputación, de la Generalitat, de todos los españoles y de todos los valencianos».

«235 millones. Ésta es la cantidad que ha gestionado Benavent y sus compañeros en el delito, es decir, casi 40 millones anuales. Asusta pensar todo lo que han podido hacer con este dinero«, ha subrayado, para añadir: »Se han asaltado dos empresas sin ningún tipo de escrúpulo: Imelsa en mayor medida y Ciegsa en menor medida«.

En relación con Imelsa, empresa del sector público cuyo objeto era el fomento económico-social de los municipios, el fiscal ha lamentado la «poco loable» gestión de los fondos por parte de Benavent. Como hechos delictivos ha aludido a la contratación de trabajadores y asesores que cobraban sin ir a trabajar; la alteración de los contratos laborales para amparar a los empleados; o la contratación de personal infringiendo los principios de acceso a empleo público.

Además, ha subrayado que no se respetaron los principios para la contratación de nuevos trabajadores establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado; no había una relación de puestos de trabajo en Imelsa, y era «fundamental»; hubo cesión ilegal de trabajadores; contratación ilegal de asesores; y pago de productividad sin estar sustentado, así como dietas.

Tras describir las presuntas irregularidades detectadas en Imelsa y Ciegsa, el fiscal se ha detenido en examinar el papel que jugó cada uno de los acusados. Respecto a Rus ha destacado la «especial» relación que mantenía con Benavent, Caturla y Emilio Llopis -su entonces jefe de gabinete-. «Se hicieron una piña tras ganar en 2004 y en 2007 alcanzó la presidencia Rus en la Diputación», ha detallado.

Al respecto, se ha referido a diferentes audios que obran en la causa en los que se escucha cómo Benavent afirma que obedece a Rus y que éste es quien decidía todo: «Estos audios demuestran que Rus tiene que autorizar los nombramientos y contratos», ha indicado el fiscal, quien ha agregado: «El que mandaba era Rus por su ascendencia política, por su personalidad, por su forma de ser. Es el que da las órdenes y los demás se cobijan bajo su sombra y obedecen«.

El ministerio público, quien ha echado de menos que Rus únicamente quisiera responder a su letrado el día en que tuvo que declarar, se ha preguntado: «¿Por qué no contestó al fiscal? ¿Por qué no explicó que hacía con Benavent contando dinero? ¿Dos millones, tres millones? Eché en falta una explicación, que dijera algo a la gente que le ha mantenido en el poder durante ocho años», ha criticado.

A Rus le ha achacado algunos contratos irregulares como el efectuado con un jugador del Xàtiva o de otros asesores que realmente no lo fueron. «Él no los contrataba porque no tenía competencias y porque la autoridad directa para ello es Benavent. Benavent obedece a su amo y su amo es Rus. Si Rus le decía que contratara a una persona, lo contrataba», ha expuesto. «Rus, a través de sus hombres de confianza, controlaba todo lo que pasaba en Imelsa y en Ciegsa. Conocía, sabía y controlaba toda la actividad delictiva», ha apostillado.

En relación con Benavent, el fiscal ha afirmado que es «difícil» explicar su transformación «tan radical» -estuvo colaborando con Fiscalía durante años y destapando irregularidades pero hace un año cambió de abogado y de versión-. «En el juicio dijo que todos eran grandes profesionales y en instrucción aseguró todo lo contrario. ¿Cuál es la declaración más creíble? La que hizo en instrucción porque nadie le presionó y dijo verdades como puños«, ha aseverado.

Por otro lado, el fiscal se ha referido a Rafael Rubio, consejero del PSPV en Imelsa: «Da igual del PSPV que del PP, ambos se beneficiaron de Imelsa», ha aseverado. En relación con uno de los asesores que tenía a su cargo, ha manifestado que «si realmente trabajó, lo hizo para Rubio como persona privada en el ámbito de la Diputación. Rubio lo usó para su trabajo en la Diputación», ha dicho.

En relación con Caturla, el fiscal ha señalado que es quien tenía el «protagonismo absoluto» en Ciegsa y ha insistido en que su relación con Rus se fraguó en 2004. Ha subrayado que él propuso la creación de los cargos que asumieron los acusados, algunos de los cuales no trabajaban en la empresa pública.

El fiscal se ha referido durante la exposición de su informe a la nulidad reclamada por las defensas en cuanto a la obtención y cadena de custodia de las grabaciones que obran en la causa y que originaron el procedimiento.

Ha afirmado que esta cuestión ya fue resuelta en sentencia, en el primer juicio por el caso Imelsa, y ha insistido en que ni se ha vulnerado el derecho a la intimidad de Benavent, ni tampoco hay irregularidades en la cadena de custodia de los pen drives que guardaban las grabaciones.

Sobre el derecho a la intimidad de Benavent ha manifestado que «nunca» ha dicho a lo largo del procedimiento que se había visto afectado su derecho a la intimidad ni negó los datos. «Renunció a su intimidad hace nueve o diez años y no se puede recobrar después«, ha repetido. También ha resaltado que no pidiera el disco duro que contenía las grabaciones desde que se divorció en enero de 2010 hasta que declaró en el juzgado en 2015: »Hizo una dejadez absoluta de su derecho a la intimidad«, opina.

En relación con la cadena de custodia, ha señalado que el exsuegro de Benavent se hizo con las grabaciones almacenadas en un disco duro externo del ordenador que se ubicaba en la casa que había donado a su hija y éste se las entregó a la exdiputada y actual consellera Rosa Pérez. Estos pen drives llegaron a Fiscalía y al juzgado y se hizo un volcado de los mismos por auto judicial. «No se observó ningún audio alterado», ha apuntado para lamentar que Benavent «nunca ha dicho donde están las grabaciones originales y tampoco las ha aportado para poder estudiar si fueron manipuladas, tal y como sostiene». Ante estos hechos, el fiscal ha pedido para esta causa penas «que se correspondan con la gravedad de los hechos».