El anciano que asesinó y descuartizó a su pareja confiesa también en el juicio el crimen, que había anotado en su móvil

Su victima era de la misma nacionalidad y ante el jurado popular, el homicida se ha limitado a contestar con un «sí» cuando desde la Fiscalía le han preguntado si admitía su culpabilidad.

El ministerio público sostiene que acabó con la vida de la mujer con un «número de puñaladas innecesarias» y un plan específico -incluso con notas en el calendario de su móvil- para evitar que ella se pudiera defender. Posteriormente, repartió los restos en contenedores y en un descampado cercano. Una cámara de un supermercado le grabó en uno de los contenedores.

El varón, en prisión provisional desde el 30 de octubre de ese año, está acusado un delito de asesinato, con las agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y discriminación por razón de género, por los que la Fiscalía pide imponerle una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta.

Asimismo, la fiscal reclama la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con los hijos de la víctima -personados como acusación particular- durante diez años tras estar en prisión. También solicita indemnizaciones de 100.000 euros para cada uno de ellos, en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la acusación particular pide prisión permanente revisable para el acusado e indemnizaciones que ascienden a 650.000 euros: 250.000 euros para cada hijo y otros 150.000 para el exmarido de la víctima.

En la primera sesión del juicio, la acusación popular -que ejerce la Abogacía de la Generalitat al tratarse de un caso de violencia de género- se ha adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que la letrada de la defensa se ha opuesto y ha negado los hechos inicialmente. Sin embargo, el acusado ha reconocido posteriormente el crimen.

Según el ministerio público, el acusado tenía una relación sentimental con la víctima desde año y medio antes del crimen y ambos vivían en un domicilio de la calle Silvia Martínez Santiago de Torrevieja.

La Fiscalía considera que el hombre preconcebió el crimen, ya que anotó en el calendario de su móvil días antes su intención de torturar a su pareja y acabar con su vida. Además, sostiene que actuó movido por «intereses económicos» y «sentimientos de dominación» sobre la víctima.

De esta forma, relata que durante la tarde del 27 de octubre de 2021, mientras ambos estaban en la vivienda, él se abalanzó sobre ella, la estranguló y usó un cuchillo para asestarle varias puñaladas por todo el cuerpo -especialmente en el cuello-.

El ministerio público apunta que, tras matarla, la descuartizó con una sierra que compró esa misma tarde en un bazar chino y que luego depositó las distintas partes del cuerpo de la víctima en los alrededores para evitar ser descubierto.

En concreto, se deshizo de las piernas y el brazo derecho de la mujer en un contenedor cercano a un supermercado, cuyas cámaras de seguridad le captaron en la madrugada del 28 de octubre, según la Fiscalía.

Posteriormente -prosigue el escrito- se dirigió a un descampado donde abandonó su pelvis y, a la mañana siguiente, arrojó sus vísceras en otro contenedor cercano al domicilio. Ya en la vivienda, en una galería próxima a la cocina, se encontró el tórax de la víctima.

La fiscal ha destacado ante el tribunal popular y el magistrado que preside la sala que todavía no se han localizado ni la cabeza ni el brazo izquierdo, y que cuando la mujer fue acuchillada estuvo indefensa, sin poder pedir ayuda.

En este sentido, ha incidido en que la víctima «sufrió para morir» y que el acusado «no tenía ningún tipo de trastorno» cuando, presuntamente, cometió el crimen. «Sabía perfectamente lo que hacía y quería hacerlo», ha añadido.

El abogado de la familia, Juan Chapapría, había manifestado en declaraciones a los medios -antes de iniciar la primera sesión del juicio- su coincidencia con el informe de calificación de la fiscal, aunque desconocía si habría alguna posibilidad de llegar a un acuerdo o no con la defensa. De alcanzarse, la pena de cárcel solicitada no podrá ser inferior a los 22 años y medio, según afirmaba.

Chapapría aseguraba que «hay muchos indicios que, evidentemente, dan por claro que el acusado es culpable» porque, según el escrito de acusación del Ministerio Público, en su móvil había anotado con días de antelación «cómo pretendía causarle la muerte y generar todo el dolor posible a la víctima».

El letrado ha sostenido que la parte que representa entiende que «por más pena que se pueda imponer» el acusado solo podrá cumplir un determinado número de años en prisión -dada su avanzada edad-.

Durante su alegato inicial en el juicio, ya en la sala, ha enfatizado que los hijos de la víctima recibieron la noticia de la muerte de su madre «a miles de kilómetros». «Este dolor no puede estar penado, pero sí hay que ponerlo de relieve. Para nada podían pensar que podía hallar una muerte tan violenta e inesperada en su propio domicilio», ha agregado.

De otro lado, el abogado de la Generalitat ha remarcado que el derecho a la vida de esta mujer quedó «totalmente lesionado», ya que el presunto autor acabó con ella «de forma consciente y a través de un plan preconcebido». También ha subrayado que mostró animadversión hacia la víctima «por un problema monetario» de unos 900 euros.