Un altar de flores con esqueleto calcinado al fondo en el barrio de Campanar

Las imágenes de las llamas devorando sin compasión un moderno edificio de 14 plantas y 138 pisos en cuestión de poco más de treinta minutos, en un incendio en el que murieron diez personas y otras quince resultaron heridas -entre ellas, siete bomberos-, no se olvidarán fácilmente, sino más bien quedarán grabadas para el recuerdo en la historia negra española.

Ahora, superada la primera fase de duelo oficial, la investigación judicial se refuerza ante la previsión de una instrucción larga y voluminosa mientras las Administraciones públicas ya han concedido las primeras ayudas directas y han posibilitado que los afectados sin soluciones habitacionales se muden temporalmente a otro bloque de viviendas municipales.

En la zona cero de Campanar, ramos de flores, peluches, velas y mensajes de pésame presiden los aledaños del complejo residencial, ahora convertido por el letal efecto de las llamas en un imponente esqueleto calcinado, en un homenaje espontáneo en recuerdo de las víctimas y las mascotas que perdieron la vida en el siniestro. A pocos metros, el trasiego de bomberos, policías, forenses y peritos se desarrolla con total normalidad, paisaje diametralmente opuesto al caos que se vivió hace una semana. Desde entonces, los servicios de limpieza del ayuntamiento han retirado un total de 7.100 kilos de residuos en los alrededores.

El pasado miércoles, el juez autorizó la entrega de los cadáveres hallados en el interior del edificio después de que la policía científica recopilara todas las pruebas necesarias para proseguir con las pesquisas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se aventuró a calificar las identificaciones de los cuerpos sin vida como «uno de los trabajos más difíciles a los que probablemente se hayan enfrentado estos profesionales».

Entre las diez víctimas, nadie en Valencia ni en el resto de España puede olvidar el desgarrador caso del matrimonio que murió junto a sus dos hijos, de tres años y quince días respectivamente, atrapados en el baño de su casa, en la octava planta. En su colegio, la 'escoleta' Sant Pau, todavía permanece colocado en la entrada un crespón negro en memoria de esta familia. Transcurren los días, pero ninguno de sus alumnos accede al centro sin dejar de mirarlo.

No poder salvarlos retumba desde entonces en las mentes de los bomberos que se adentraron entre las llamas y el humo sin pensar ni un sólo segundo en su propia integridad física. En todo momento, aluden, cumplieron con el protocolo de rescate habitual, ya que si las condiciones de sectorización funcionan, lo recomendable es resguardarse del fuego en la parte más alejada de la casa mientras llevan a cabo la extinción. Pese a ello, el sentir general de toda una nación es de agradecimiento para unos héroes que incluso se llegaron a despedir por radio de sus compañeros, cuyo trabajo, junto al de policías y sanitarios, ha permitido que no se hable de una tragedia aún mayor. En medio de esta hercúlea misión, se ha erigido una suerte de paladín inesperado, ataviado con un cazadora de Ferrari, como uno de los nombres propios de la tragedia. Julián García Antón, el conserje, el hombre que subió piso por piso para avisar a los vecinos del avance del fuego y logró socorrer a muchos de ellos. Tal fue su empeño que el Gobierno valenciano le va a otorgar la Distinción de la Generalitat y la Policía Nacional le ha propuesto para recibir un premio por sus valores humanos y su comportamiento ejemplar.

Los vecinos ya han podido comenzar a recuperar algunos de los pocos enseres personales que se salvaron de las lenguas de fuego tras autorizar el juez la entrada a las viviendas. Cajas fuertes, bolsas con objetos de valor, un anillo de matrimonio e incluso, paradójicamente, un juguete de un parque de bomberos que lucía orgulloso uno de los rescatadores. Milagros, como el del gato Coco, que encontraron vivo ocho días después en una columna seca.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia dirige la investigación del incendio, para la cual el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha visto obligado a solicitar medidas de apoyo con el fin de agilizar el procedimiento y atender a los múltiples perjudicados. Para ello, ha elevado al Consejo General del Poder Judicial el posible nombramiento de un juez en comisión de servicio sin delegación de funciones por un plazo de tres meses y ha instado a la Generalitat Valenciana a que refuerce la plantilla de funcionarios trabajando en el caso. Asimismo, también decretó el secreto de las actuaciones a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares.

Mientras, un equipo multidisciplinar de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid y de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia ha trabajado desde el día después del incendio dentro del edificio para hallar pistas sobre el origen del fuego que se inició en la puerta 86, una vivienda que se encontraba vacía, y que se propagó brutalmente en menos de una hora.

La tesis más probable que manejan los investigadores tras los primeros análisis realizados sobre el terreno apuntan a un posible fallo eléctrico como la causa que desató tremebunda combustión, después de tomar muestras en diferentes plantas y analizar su evolución. Así, deslizan que podría haberse propiciado por un cortocircuito en el mecanismo del toldo, basado en dos hechos: que el complejo está completamente domotizado y que la vivienda se encontraba deshabitada en ese momento, pues su inquilino dormía fuera por un viaje de trabajo; aunque no descartan que la sobrecarga se produjera dentro de la misma, por ejemplo, en un calentador.

Pero, dando como válido que el incendio se desatara por un chispazo, ¿cómo se pudo propagar de una manera tan rápida y virulenta? Al respecto, los investigadores analizaron cada resquicio del inmueble y revisaron palabra por palabra toda la documentación previa sobre los materiales que empleó la promotora Fbex, quebrada tras el «boom» inmobiliario, para levantar el edificio en una de las zonas más pujantes de la capital del Turia a comienzo de los 2000.

En un primer momento, se especuló con que el detonante del siniestro hubiera sido el poliuretano como método aislante del revestimiento de la fachada ventilada, pero horas después quedó desmentido y se confirmó que se trataba de lana de roca, un material ignífugo de origen volcánico. Así, las pesquisas advierten de que la causa de que se propagara a tal velocidad se podría deber al material termoplástico utilizado para adherir las placas de aluminio a la fachada, el cual podría haber provocado el «efecto chimenea» por el hueco ventilado de la misma.

Ahora, se abre la incógnita de si las viviendas podrán ser reconstruidas o si por el contrario deberán ser demolidas, a la espera de lo que determine la investigación y el trabajo de los peritos de las firmas Indexa e Intemac. Según señaló el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, el fuerte viento que sopló durante aquel fatídico día pudo jugar a favor de la estructura de hormigón de los dos bloques calcinados, ya que «empujó el fuego de manera rapidísima e inverosímil» y lo hizo «al revés» que en la mayoría de los incendios en viviendas.

«Salvo que las pruebas periciales dictaminen lo contrario, la estructura de hormigón está en perfecto estado y, en principio, no parece presentar problemas», insistió. Al margen de las viviendas de Campanar, el principal organismo de arquitectos del país ha comenzado a trabajar en el recuento de edificios se construyeron en el mismo periodo de tiempo con características similares.

En el caso de Valencia, el Colegio de la Arquitectura Técnica tiene previsto coordinar acciones en materia de inspecciones de edificios junto a la Conselleria de Vivienda. «Hay que tener prudencia en cada caso», advirtió el responsable de la entidad colegial respecto a la oleada de revisiones de edificios tras la tragedia.

En paralelo, las víctimas ya han recibido las primeras ayudas de emergencia dispuestas por la Generalitat para que puedan hacer frente a gastos de primera necesidad, que suponen entre 6.000 y 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar. El Gobierno presidido por Carlos Mazón aprobó un paquete de medidas de apoyo por un valor total cercano a los cuatro millones de euros, cuyo decreto estableció la exención de impuestos para comprar una nueva casa; además de garantizar atención psicológica, no pagar las dos últimas anualidades del canon de saneamiento, la reubicación preferente en residencias y centros de día de las personas dependientes, escolarización de alumnos si las familias cambian de residencia y transporte público gratuito durante un año.

Por otro lado, 94 viviendas del edificio municipal habilitado por el Ayuntamiento de Valencia para acoger a los perjudicados ya están ocupadas por 214 personas adultas y 38 menores, según concretó el consistorio.