El alquiler de la casa de un hermano de Ximo Puig y un reportaje de boda: los gastos subvencionados que pone en duda la Guardia Civil

El dossier de más de 400 páginas, elaborado por el Equipo de Delitos Econonómicos de la Policía Judicial y consultado por ABC, fue remitido a principios de marzo al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude de subvenciones en el dinero público que recibieron las productoras audiovisuales Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, gestionadas por el familiar de quien ha sido líder del PSPV-PSOE hasta este fin de semana; y Canal Maestrat, Kriol y Nova CB, a cargo del también imputado Juan Enrique Adell Bover.

Los investigadores apuntan a que Mas Mut abonó facturas para pagar el alquiler del domicilio particular de Jorge Puig, el tercero de los hermanos. Los agentes se desplazaron hasta el inmueble en busca de lo que, sobre el papel, era la sede social de la empresa subvencionada en Teruel, según la documentación con la que se acreditaron las ayudas. Pero en la dirección indicada, en la localidad de Penyarroya de Tastavins, hallaron «una vivienda unifamiliar de dos alturas, que linda con un pequeño huerto a la derecha y un solar a la izquierda». La casa, como ilustran en las imágenes que acompañan su atestado, no presentaba ningún rótulo de la productora. Al no encontrar a nadie en su interior durante sus dos visitas, un vecino les confirmó que se trataba del domicilio particular de uno de los hermanos Puig.

En el análisis detallado de las facturas de las mercantiles, encargado por el juez hace más de un año y medio, la Benemérita aporta otro ejemplo que refuerza su tesis de que se justificaron subvenciones con recibos cruzados y gastos que no correspondían al objeto de la convocatoria.

Entre los archivos aportados por Comunicacions dels Ports para justificar facturas emitidas a Canal Maestrat bajo el concepto «Servicio de contenidos» se han visionado vídeos en los que una mujer «va enseñando varias fotos que componen un álbum de bodas y comentando algunas de ellas con otra». Los agentes creen que se trata del enlace de Enrique Adell Bover –empresario y hermano del imputado– con su expareja. En otros clips adjuntos se muestra el interior de la ermita de Vinaròs, donde se casaron.

Además, los investigadores advierten en varias ocasiones de que no pueden comprobar si los materiales puestos a su disposición son los que se indican en el concepto de las facturas y si estas se pagaron, lo que dificulta el fin último de su labor: determinar si esos servicios fueron o no reales.

Del mismo modo, ponen el foco en que en algunos archivos audiovisuales no figuran los logotipos de las empresas que los produjeron. Entre otros, Comunicacions dels Ports justifica una factura emitida a Mas Mut aportando un vídeo sin audio sobre el desmantelamiento de una plantación de marihuana con el logo de los Mossos d'Esquadra. Imágenes que el cuerpo policial elabora y distribuye habitualmente de forma gratuita a los medios de comunicación. La Guardia Civil dice desconocer por qué se abona por la producción de una pieza ya creada.

Entre las productoras se ha detectado duplicidades: se presentaban los mismos contenidos para justificar la misma ayuda. También llama su atención la cantidad de contenidos en castellano que se aportan, teniendo en cuenta que las ayudas a las que se concurría iban dirigidas al fomento del valenciano. Indican, asimismo, que algunos de los archivos bajo lupa se crearon fuera del ejercicio –el año anterior, por ejemplo– en el que se facturan.

Como avanzó ayer ABC, el Gobierno de Ximo Puig concedió, durante sus dos legislaturas en el poder, más de 900.0000 euros en subvenciones y publicidad institucional a medios de comunicación vinculados con el hermano del que fuera presidente socialista. Este lunes, la ministra de Ciencia y nueva secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, reivindicaba la figura de su antecesor en la federación valenciana frente a la «corrupción de los expresidentes del PP».

Con este informe en manos del juez, la causa da sus últimos coletazos. Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones antes de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha desde que el PP –que ejerce como acusación– llevará el asunto a los tribunales en 2019. Bajo lupa se pudieron las ayudas que todas estas mercantiles recibieron, entre 2015 y 2018, de los gobierno valenciano, catalán y aragonés.

La Intervención de la Generalitat Valenciana cifró en 67.504,13 euros los importes «indebidamente percibidos» por estas productoras en ayudas concedidas por esta administración para la promoción del valenciano en los medios. De ellos, 43.339 correspondían a las empresas administradas por Francis Puig. Se incluyeron conceptos como la reparación de un aire acondicionado, el cambio de pantalla de un teléfono móvil, la revisión de los extintores o los gastos de combustible y el pago del impuesto de circulación de un vehículo. En total se analizaron 625.701,34 euros de dinero público concedido a estas mercantiles.

No obstante, esa cantidad supuestamente defraudada está por debajo del umbral penal de 120.000 euros que marca el delito de fraude de subvenciones. Tras descartarse la duplicidad en las ayudas de la Generalitat de Cataluña y confirmarse el archivo para el exdirector general de Política Lingüística del Ejecutivo valenciano Rubén Trenzano, el titular de Instrucción número 4 debe decidir si archiva la causa o encauza el proceso hacia la apertura de juicio oral.