El alcalde tránsfuga de Benidorm implora auxilio al ministro Montoro

Como resultado de la votación, en la que el PP y los Liberales de Benidorm tumbaron la propuesta del equipo de gobierno, durante los tres próximos ejercicios el Ayuntamiento dejará de percibir la aportación anual de 15 millones de euros que recibía del Estado, una cantidad que servirá para abonar el crédito ICO destinado a los proveedores. Un hecho que sitúa al Ayuntamiento al borde de ser intervenido por el Estado.

Los dos grupos de la oposición rechazaron en el pleno el plan de ajuste porque incluía una subida generalizada de todos los impuestos y tasas municipales. La respuesta del alcalde socialista fue advertir que, «por culpa del PP», el Ayuntamiento probablemente no va a poder pagar la nómina a sus más de un millar de funcionarios.

La situación de quiebra técnica que atraviesa el Consistorio ha provocado la paralización de buena parte de los servicios públicos que presta a los ciudadanos. La deuda del municipio con FCC, la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, ronda los 50 millones de euros. Algo que pone en peligro, también, el pago de las nóminas a los 300 empleados de esta empresa en el municipio.

Por su parte, la empresa Aser, concesionaria del servicio municipal de atención a domicilio a personas dependientes, se ha visto abocada al concurso de acreedores , dejando en la calle a toda su plantilla.

Por su parte, los empleados de la concesionaria de ayuda a domicilio ASER iniciaron ayer movilizaciones para exigir el pago de sus nóminas. Lo mismo ha ocurrido con la empresa La Generala , concesionaria del servicio de mantenimiento de jardines, a la que el Consistorio adeuda 1,2 millones de euros. Por su parte, la contratista SICE ha abandonado el servicio de mantenimiento del centro del control de tráfico de la ciudad, porque el Ayuntamiento le debe 1,7 millones de euros.

CULPA AL PARTIDO POPULAR

Agustín Navarro, que llegó a la Alcaldía de Benidorm en septiembre de 2009 mendiante una moción de censura, ha culpado de esta situación al anterior gobierno municipal del PP. No obstante, de los casi 150 millones de euros de deuda que arrastra el Consistorio, la tercera parte -unos 50 millones- ha sido contraida durante los dos últimos años.

Tras la moción de censura, la Comisión del Pacto Antitransfuguismo definió como «tránsfugas» tanto al alcalde Agustín Navarro como al resto de miembros de su equipo de gobierno, entre los que se encontraba la edil Maite Iraola , madre de la ex ministra Leire Pajín . En las elecciones locales del pasado 22M, Navarro revalidó la alcaldía, si bien gobierna en minoría con once concejales, los mismos que tiene el PP.