El exalcalde de Pego vuelve a ser condenado: esta vez a siete años de inhabilitación

La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha declarado probado que el antiguo primer edil, miembro de un partido independiente, actuó con arbitrariedad al autorizar en la primavera 2003 el pago de 399.821 euros a una empresa por la limpieza de los arrozales situados en el marjal de la localidad, que eran propiedad de una entidad privada: la comunidad de regantes del marjal de Pego-Oliva .

Pascual, que ya fue condenado en enero de 2004 a seis años de cárcel por un delito medioambiental contra el parque natural del mismo nombre, obvió cualquier procedimiento administrativo al ordenar que se abonaran estos trabajos, por lo que la injusticia e ilegalidad de su decisión fue «evidente, patente, flagrante y clamorosa», según se recoge en la sentencia hecha pública.

El Ayuntamiento de Pego, ya en manos de otro partido, decidió acudir a la vía penal contra el ex primer edil después de octubre de 2007, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le obligó a indemnizar a la mercantil Ruzafa SL .

La Audiencia de Alicante ha condenado a Pascual, además de a la pena de inhabilitación, a indemnizar al consistorio pegolino con 496.615 euros por el daño causado a las arcas municipales, aunque puede recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.

En cambio, los magistrados le han absuelto del delito de malversación del que le acusaba el propio ayuntamiento, que ejerce en este proceso la acusación particular, al concluir que no sustrajo, ni consintió que un tercero lo hiciera, «caudales o efectos públicos a su cargo» ni los destinó a «usos ajenos a la función pública».

Pascual ha cumplido seis años de prisión por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del parque natural del marjal Pego-Oliva entre 1996 y 1998, aunque también acumula otras condenas en la vía penal por otros delitos.

Durante el juicio por estos hechos, que se celebró el pasado 13 de abril, el acusado defendió que firmó las facturas en defensa del interés público y alegó que él no impulsó el trabajo, sino que únicamente se limitó a comprobar mediante un inspector que las obras de limpieza se habían realizado según lo previsto.

Por último, después de que su abogado reclamara su absolución, suplicó al tribunal que no lo enviara de nuevo a la cárcel y reiteró que «jamás» se había llevado «un euro» de las arcas públicas «ni beneficiado a nadie».