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Caso Polop: Urbanizaciones El Asesinato, S.A.

Caso Polop: Urbanizaciones El Asesinato, S.A.

Dos sicarios checos (al parecer, aficionados), sórdidas reuniones en el reservado de un club de alterne para planear el crimen, y un alcalde (entonces concejal de Urbanismo) ingresado en prisión sin fianza como presunto inductor del plan para asesinar a su predecesor. Son los ingredientes de la trama criminal de Polop de la Marina, un pequeño pueblo de 4.000 habitantes a unos kilómetros de Benidorm, sacudido estos días por la posibilidad de que su alcalde pudiera haber ordenado el asesinato de su predecesor. Polop se ha convertido, muy a su pesar, en el (presunto) ejemplo de hasta dónde se puede llegar por controlar la golosa —cierto que cada vez menos— cartera de Urbanismo en un Ayuntamiento.

Durante dos años, desde que dos sicarios dispararon contra Alejandro Ponsoda en la noche del 19 de octubre de 2007, el pueblo ha permanecido en silencio. El único que lo rompía, de tanto en tanto, era precisamente el último detenido: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano. Un hombre que se hartó de pedir a la Guardia Civil que «tirase del hilo», hasta que ese hilo los llevó a su casa la madrugada del pasado martes. Se le considera el autor intelectual de la muerte —encargada a unos sicarios— de su predecesor, compañero de partido y, en otra época, principal valedor.

Chalés en suelo rústico

Cano ingresó en la política activa de la mano de Ponsoda en 1995. Era la primera vez que el PP ganaba las elecciones en Polop, y el alcalde le encomendó el área de Urbanismo. En esos años, el pueblo creció basado en el turismo residencial. Aunque para ello hubiera que construir en terreno no urbanizable. «Construías el chalé, pagabas una multa simbólica y te lo legalizaban». La acusación es de uno de los miembros de la Plataforma de Afectados constituida tras la proliferación de viviendas en plena montaña.

Los desmanes urbanísticos, no obstante, no fueron la causa de la caída en desgracia de Cano dentro de su partido, aunque tuvieron buena parte de culpa. Incluso la familia del reconocido escritor Gabriel Miró se dirigió al PP para criticar la política territorial del entonces edil, según recuerda un alto cargo del PP de Alicante. Al final, el PP obligó a Ponsoda a deshacerse de Cano en 2003 tras recibir una denuncia de supuestas extorsiones a empresarios locales. «Oímos rumores, pero una cosa son los rumores y otra los hechos», replica la alcaldesa en funciones María Dolores Zaragoza.

Cuatro años más tarde, sin embargo, el alcalde asesinado no tuvo más remedio que recuperarlo como «número dos». Cano era para entonces el presidente de la junta local del PP, y controló la elaboración de la lista. Ponsoda, sin embargo, no parecía feliz de rehabilitar al hombre por quien dio la cara ante su partido en su día. Los vecinos coinciden en que, después de ganar las últimas elecciones, Ponsoda acentuó su carácter introvertido.

Discusiones «constantes»

Las discusiones entre uno y otro, a decir de aquellos que los conocían bien, «eran constantes». Especialmente, en las reuniones de la junta de gobierno de Polop, que casi siempre terminaban en bronca. «Pocos días antes de que le dispararan, Cano amenazó a Ponsoda con no renovar el contrato de su hija en el Ayuntamiento», recuerda un compañero de partido a quien el alcalde asesinado relató las profundas discrepancias que mantenía con el concejal.

Las principales diferencias entre ambos, precisamente, surgieron a cuenta de la gestión urbanística del municipio. Al parecer, Cano pretendía poner en marcha un plan parcial que contemplaba construir varios miles de viviendas, en la zona junto a la montaña donde años antes se había permitido la construcción de decenas de chalés. Algunos apuntan que la idea era levantar cerca de 5.000 viviendas, lo que hubiera triplicado el censo del municipio. Lo cierto, en cualquier caso, es que hoy no existe ninguna iniciativa similar en marcha en la localidad.

Ansias de poder, afán por controlar libremente el urbanismo municipal o animadversión personal, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que la situación explotó de la forma menos esperada para la tranquila localidad mediterránea. El 2 de noviembre de 2007 Juan Cano se convertía en alcalde de Polop tras el fallecimiento de Ponsoda, ocho días después de recibir dos disparos a las puertas de su domicilio, en la pedanía polopina de Xirles.

«Mi padre era honrado»

«Nunca nos ha apoyado», cuentan las hijas del alcalde fallecido, Fátima y María. A pesar de que una de ellas trabaja en el Consistorio, y de que en un pueblo como Polop «todo el mundo se conoce», las jóvenes lamentan el vacío que les hizo sentir Cano «desde el primer momento» tras hacerse con la vara de mando. Sobre las discrepancias entre su padre y el presunto autor intelectual de su asesinato a cuenta del urbanismo, advierten enigmáticamente que Ponsoda «era una persona honrada, no le gustaba la corrupción».

Tras su detención —la séptima relacionada con el caso—, los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro». Pese a trabajar como director de una sucursal de Caja Mediterráneo (CAM), «no tenía un trato cercano». Las puertas del Ayuntamiento no solían estar abiertas para los habitantes del pueblo.

Por supuesto, hay quien no se acaba de creer que el alcalde pudiera haber llegado al extremo de pagar (se especula con unos 50.000 euros, cuya procedencia se desconoce) por librarse de Ponsoda. «No me cabe en la cabeza; este hombre no necesitaba la política, vivía muy bien como director de la sucursal», explica uno de los más veteranos, amigo del padre de Cano.

Sin embargo, otros confiesan ahora —tras la detención— que «se veía venir», y abundan en el supuesto «perfil oscuro» del detenido. Habitual de los clubs de alterne de la zona (especialmente en la etapa en la que salió del Ayuntamiento, entre 2003 y 2007), según los testimonios de varios empleados de este tipo de locales recopilados por los investigadores, su carácter difícil no le había granjeado precisamente el cariño de sus administrados —al contrario de lo que sucedía con su predecesor—. La supuesta extorsión, nunca denunciada, corona el retrato.

Reuniones en un club

Cano es, no obstante, sólo el primer eslabón de la cadena. La investigación judicial sitúa a otras seis personas en la trama para acabar con la vida de Ponsoda. El primero de ellos, un presunto narcotraficante afincado en la vecina localidad de Finestrat cuando se perpetró el crimen. Raúl Montero, con antecedentes por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas —por los que se encontraba a la espera de juicio— , fue supuestamente el encargado de conseguir las dos pistolas de pequeño calibre utilizadas por los sicarios.

Raúl había estado en prisión preventiva tras ser sorprendido con un arsenal, pero salió en libertad mientras esperaba a que se celebrase el juicio semanas antes de que se perpetrase el crimen. Incluso acudió al juzgado a firmar dos semanas después de que falleciese Ponsoda. Luego, desapareció.

Al menos, hasta el pasado 5 de noviembre, cuando se convirtió en el primer detenido. La primera evidencia palpable de que la investigación del asesinato de Ponsoda, dos años después, empezaba a dar sus frutos.

Más tarde cayó Salvador Ros, un empresario zapatero que llegó a Polop hace más de una década para abrir una tienda en la conocida plaza de los Chorros. La Guardia Civil sospecha que también participó en las sórdidas reuniones en el club «Mesalina», pese a que no ha trascendido su grado de implicación.

El citado club parece ser el auténtico «centro de operaciones» de la trama: prácticamente todos los detenidos están relacionados de una u otra forma con él: su gerente, un uruguayo llamado Ariel —el tercer detenido—, su copropietario, Pedro, y los dos ciudadanos checos a los que la Guardia Civil atribuye la autoría material del crimen. Todos estuvieron en la reunión para fraguar el crimen, según los investigadores, y algunos incluso trabajaban o habían trabajado en la casa de citas.

El «hilo» llevó finalmente hacia Cano. Días antes de ser detenido, ya se le apuntaba como el objetivo último de los agentes de la UCO. En la trama había «un cargo público», según aseguró el abogado defensor de Ariel. Algunos se atrevieron a ponerle nombre, aunque en Polop todavía se pronunciaba en susurros. Objetivo de todas las miradas, el ahora detenido se defendió con amenazas de querellas a quienes le implicaran «en esta salvajada». Dos días antes de que la Guardia Civil llamase a su puerta, Cano se defendía en una entrevista publicada por ABC: «No conozco a estos señores, y jamás he estado con ellos en un club. Por Dios, la pregunta ofende».

Muchas incógnitas

Con la distancia, se aprecia también lo poco afortunada que resulta ahora la pregunta retórica que lanzó en una de sus últimas comparecencias públicas, cuando ya se encontraba en el punto de mira: «¿Me veis con miedo? ¿Estoy detenido?», espetó a los periodistas. La detención se produjo unos días después, de madrugada —para evitar las cámaras— y en su propio domicilio. Tras registrar el lujoso chalé en el que vivía a las afueras de la localidad (antes lo hacía en «un piso normalito», según los vecinos), fue conducido al Ayuntamiento, de donde salió sin esposar y con un ordenador portátil.

Mientras los periodistas «tomaban» el pueblo, la esposa del detenido regresaba en un vuelo desde Miami, donde había acudido a visitar a su hija. Se cuenta también que el alcalde de Polop tenía previsto realizar el viaje junto a su mujer, pero que la investigación frustró sus planes. Por voluntad propia, según algunas versiones, y porque ya le habían retirado el pasaporte, según otras.

Lo único que tienen claro los vecinos de Polop (tanto los que creen en su inocencia como los más suspicaces) es que la historia del asesinato de Ponsoda —que los ha situado en el mapa a su pesar— no está cerca de terminar. Todo lo contrario, quedan muchos misterios por desvelar, incluida la posible implicación de otro concejal en la conspiración, el motivo último del asesinato, y sobre todo la respuesta a la pregunta más inquietante: ¿de verdad un concejal puede llegar a ordenar que maten a su alcalde?

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