La alianza de Valencia, Murcia y Andalucía exige el trasvase Tajo-Segura al Gobierno como el agua que prometió en barcos a Cataluña

Esta semana está previsto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) presente para su tramitación y refrendo parlamentario la nueva normativa de funcionamiento.

Al respecto, el presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha relatado que en los últimos dos años han intentado sin éxito con el Ministerio reconducir esta modificación de los volúmenes trasvasables sin alternativas reales.

También ha instado a los presentes en esta manifestación en la Cámara de Comercio de Murcia a «olvidar viejas rencillas si es que las hay» en los diferentes sectores, incluido el político, y a «cohesionarse» en torno a la defensa del Tajo-Segura «porque lo que se nos va es lo más queremos es el futuro de nuestras familias, de Murcia, Almería y Alicante».

Además, ha avanzado que Scrats llevará sus reivindicaciones a «todos y cada uno de los rincones de las tres provincias» (Almería, Murcia y Alicante), y también a Madrid «si hace falta», en contra de la propuesta del Miteco. «No va a haber paz para los causantes», ha advertido.

Entre las adhesiones a estos agricultores, han logrado la de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), cuyo presidente, Juan Valero, ha insistido en que el agua es «de todos los españoles» y, por tanto, debe ser tratada «como una cuestión de Estado», siempre mediante la aplicación de criterios «técnicos y científicos, no ideológicos».

«Si los regantes de Murcia, Almería y Alicante tienen un problema; los regantes de España también lo tenemos», ha señalado Valero, que ha recalcado que el 90% de los regantes del Tajo han podido regar con el agua procedente de afluentes de este río, por lo que el trasvase «no genera ningún problema».

Mazón ha apelado igualmente a «la unidad de todos los españoles para defender el agua que necesita esta tierra y garantizar el futuro que se merece» y ha avanzado que presentará alegaciones a las nuevas normas además de recordar que este agua enviada entre ambas cuencas «no es un recurso gratis», sino que los usuarios lo «pagan religiosamente».

También ha subrayado que tampoco se trata de «una reivindicación egoísta ni contra nadie», y que los afectados tienen plenamente «la autoridad moral, histórica y técnica» para reivindicar esos recursos hídricos como «el mayor ejemplo de reutilización y aprovechamiento de agua». Con cifras: sólo la Comunidad Valenciana reutiliza el 40% de toda el agua que se recicla en España y únicamente la provincia de Alicante, el 10% del total en Europa.

Del mismo modo, ha advertido de que «nadie dé lecciones de solidaridad» en esta materia de agua por el ejemplo que ya dio en el ofrecimiento sin dudarlo del envío de agua de la desaladora de Sagunto a Barcelona en barcos para consumo humano. Desde su Gobierno autonómico, Mazón respondió con solidaridad ante la sequía sufrida el pasado verano en Barcelona (Cataluña) cuando la exministra del Miteco, Teresa Ribera, le pidió ayuda para esa provincia.

En esa misma línea, ha situado la «solidaridad y generosidad» de los regantes en el trasvase Júcar-Vinalopó y al «histórico» I Pacto del Agua por l'Albufera.

Frente a esa política y voluntad de compartir, ha comparado con «guerras absurdas», además de denunciar la política hídrica del Gobierno central, al que ha tildado de «enemigo de la solidaridad y de la unidad de España».

Ante un abarrotado salón de actos, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado por su parte la importancia de la unión de los territorios afectados por el «hachazo» al trasvase porque juntos representan a más de 15 millones de habitantes.

«No tiene lógica: a los que mejor gestionamos el agua, cuando menos hay, nos la quitan», ha opinado, con lo que la única explicación, a su juicio, es que Pedro Sánchez «lo prometió en 2018 durante un mitin en Albacete», cuando habló incluso de cerrar el trasvase.

Igualmente, ha expresado su «voluntad de acuerdo y diálogo» con el Gobierno de España. De hecho, ha indicado que ha vuelto a mandar una carta a Pedro Sánchez en la que le ofrece un acuerdo en este asunto. «Ojalá sea en un acuerdo nacional del agua», ha señalado.

Así, ha ofrecido volver al consenso alcanzado en 2014 con el Memorándum del trasvase. «Nos dejamos algunos pelos en la gatera», pero lo cierto es que «los agricultores tenían certidumbre y seguridad jurídica», ha recordado.

Por la parte de la Junta de Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de «injusta» la propuesta del Miteco respecto a las reglas de explotación y ha alertado del «recorte» al empleo que conllevará.

Según su análisis, el Gobierno plantea «ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera», y cuando el agua es un bien que es «público» y cuyo uso debe ser planificado por el Estado «para todos y no para unos pocos». En la misma línea se han expresado los presidentes de las patronales de la Región de Murcia y de la CEV Alicante, Miguel López Abad y Joaquín Pérez, quienes han denunciado el impacto que tendrá el recorte al trasvase no solo en la agricultura y la ganadería, sino también en el resto del tejido productivo.