Las alegaciones al trasvase Tajo-Segura de Ayuso, Mazón, López Miras y Moreno exigen al Gobierno una visión de Estado frente a Page

Aunque en el documento -al que ha tenido acceso ABC- consensuado por cuatro Comunidades Autonómas que suman más de 20 millones de habitantes, tal como resaltó el presidente valenciano, Carlos Mazón, no se alude a ningún dirigente político o Administración, en varias ocasiones se apela a que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no se pliegue a los «sesgos» introducidos por el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page, tal como él mismo se ha jactado tras su golpe de mano de hace año y medio en el Consejo Nacional del Agua.

«La normativa vigente en planificación hidrológica no es obviamente sólo la relativa al Tajo, sino toda la vigente, sin exclusiones, e incluyendo, tal y como está consagrado desde la Ley de Aguas de 1985 y abundantísima jurisprudencia, tanto la planificación hidrológica de las demarcaciones como la planificación hidrológica nacional, y ésta de forma incuestionablemente preponderante dado su mayor rango normativo», argumentan las cuatro regiones gobernadas por el PP.

En concreto, el punto clave del que dependerá la continuidad de las transferencias hídricas o que el «trasvase desaparezca», objetivo declarado por la Junta de Castilla-La Mancha, se sitúa en la elevación de caudales ecológicos. Aunque en estas alegaciones se reconoce el cumplimiento de cinco sentencias del Tribunal Supremo, pero «en sus contenidos íntegros, no en aspectos parciales y sesgados», dado que se puntualiza que ya estaba fijado por los técnicos un volumen de agua «mínimo circulante» desde hace años por el río Tajo, y que esas resoluciones judiciales únicamente avalan la necesidad de que se garantice un caudal, no establece cuál debe ser la cantidad.

«Es necesario reiterar que estos caudales han sido recurridos ante los tribunales y están sub-iudice en estos momentos. Para superar esta situación, a efectos de la requerida actualización de la regla, cabe la solución ya sugerida de proponer soluciones alternativas que cubran las distintas posibilidades, sin discontinuidades ni vacíos temporales, y a resultas de los resultados finales del proceso», recuerdan los Gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón, Fernando López Miras y Juan Manuel Moreno Bonilla.

Otro punto en el que se detienen para sus demandas ante el Ministerio se refiere a la entrada en funcionamiento de los trasvases del Tajo al Guadiana y la denominada «tubería manchega», que hasta ahora no se utilizaba, pero que ahora obliga -a su juicio- a redefinir los usos de estos recursos hídricos, bien sea con una planificación por separado o conjunta, para una gestión adecuada de las reservas.

«Cuando se culminó la actual regulación del trasvase Tajo-Segura (TS) mediante el conocido como Memorándum [en 2013], el trasvase Tajo-Guadiana (TG) tenía plena vigencia legal pero, a diferencia del TS, operativo desde hacía décadas y sobre el que existe abundante normativa, jurisprudencia, regulaciones y análisis desde hace 50 años, el TG apenas se había desarrollado, los consumos para usos ambientales eran ocasionales y reducidos, y los de abastecimiento inexistentes y sin infraestructuras que posibilitasen su materialización efectiva», describen.

En cambio, en la actualidad sí hay envío de agua al Guadiana y «las últimas autorizaciones de derivación producidas se emiten aceptando las peticiones formuladas y detrayendo los volúmenes requeridos a la cuota de regadío del trasvase Tajo-Segura, sin que exista soporte legal alguno para esta asimilación», comparan.

El plazo de presentación de alegaciones en este periodo de consulta pública expira este jueves y ahora será el Ministerio quien decidirá atender o no las demandas respectivas de este frente común, en clara oposición a la postura de Emiliano García-Page.