Un ex alcalde «desterrado»

Cano no podrá ejercer sus derechos de edil si la juez le impone una orden de alejamiento

ALICANTE Actualizado:

El ex alcalde de Polop Juan Cano quedó en libertad el pasado viernes tras permanecer nueve meses en prisión, imputado como presunto autor intelectual del asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda.

Sin embargo, Cano podría verse muy pronto «desterrado» de su pueblo, si la juez dicta contra él una orden de alejamiento para impedir que se acerque a las hijas del regidor asesinado, María y Fátima Ponsoda, tal como han solicitado éstas.

Ambas residen en una pedanía de Polop —María trabaja además en el Ayuntamiento como personal laboral— y no tienen ningún deso de cruzarse por la calle con el presunto asesino de su padre, tal como ha expuesto ante la juez su abogado, Alberto Aliaga.

Sin embargo, esta medida cautelar podría chocar con importantes trabas jurídicas: si Juan Cano se ve obligado a abandonar Polop, se le estaría impidiendo ejercer sus derechos constitucionales como concejal, ya que ni siquiera podría acudir a los plenos a votar. Como se recordará, Cano dimitió como alcalde el pasado mes de noviembre desde la prisión, pero ha decidido conservar su acta de edil, a pesar de que ha sido expulsado del Grupo Municipal Popular.

En cualquier caso, fuentes judiciales han indicado a ABC que la orden de alejamiento podría retrasarse, ya que la juez instructora, titular del Juzgado número 2 de Villajoyosa, tiene su período de vacaciones durante este mes de julio.

Pero María y Fátima Ponsoda también pueden cruzarse por las calles de Polop con otro de los presuntos implicados en el asesinato de su padre, el empresario zapatero Salvador Ros, quien al igual que Cano quedó en libertad provisional la semana tras depositar una fianza de 20.000 euros.

Según la investigación efectuada por la Guardia Civil, que se basa en la declaración de un testigo protegido, Cano y Ros habrían contratado a tres sicarios por una cantidad que ronda los 30.000 euros, para acabar con la vida del entonces alcalde Alejandro Ponsoda.

A petición de la defensa de dos de los principales imputados (Juan Cano y Pedro Hermosilla), la juez enviará el próximo día 12 una comisión rogatoria a la ciudad checa de Karlovy Vary para verificar la declaración del testigo protegido.