Agricultores protestan en el Puerto de Castellón contra la competencia desleal de países terceros

La concentración de este jueves ha sido convocada por las principales organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana -Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)-, con el apoyo de las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. Los manifestantes han arrojado mandarinas al suelo en señal de protesta.

Carles Peris ha indicado que los puertos son un lugar de entrada de importaciones de países terceros y «al final es un escenario perfecto para mostrar el malestar». «Nos centramos en los puertos de Castellón y Valencia porque son dos puertos que bonifican la entrada de productos agroalimentarios en los que aquí no somos deficitarios, y no es normal que al lado de nuestra casa, en plena temporada de cítricos, un producto sensible, Castellón bonifique el 40 por ciento de las tasas portuarias y Valencia el 30 por ciento», ha lamentado.

«Si alguien quiere importar un producto de fuera, al menos que pague lo que toca, pues no nos pueden agredir y tirar un tiro en el pie a los propios productores locales, por lo que tienen que entender que esas bonificaciones deben desaparecer», ha añadido.

Peris ha destacado que el ministro de Agricultura «está muy acostumbrado a hacer escapismo en la reivindicación agraria», pues ha recordado que hace tiempo que están haciendo propuestas para que Ministerio les defienda en Bruselas «de una forma más beligerante» y hasta ahora no ha sido así. «Necesitamos un ministro que vaya de una forma contundente y seria a Bruselas a decir que la Política Agraria Común está mal diseñada, porque no es agrarista, y necesitamos políticas agraristas para defender a un sector que está atravesando momentos muy malos, con precios muy bajos en origen, y todas las normativas que estamos cumpliendo nos están terminando de ahogar», ha dicho.

El responsable de La Unió ha resaltado que se están abandonando tierras y cabaña ganadera. «Si el ministro no es capaz de defendernos en Bruselas contra esas importaciones de terceros sin reciprocidad, sin ordenación, difícil lo vamos a tener; y es necesario aplicar medidas concretas que podría anunciar como 300 millones de euros en las líneas del seguro agrario, o una moratoria indefinida del Cuaderno Digital», ha apuntado.

«El ministro puede anunciar muchas cosas y no anuncia ninguna, pues también necesitamos que se reforme la ley de la cadena alimentaria para que el que realiza malas praxis dentro de la misma tenga sanciones contundentes. Necesitamos medidas concretas y no anuncios muy ambiguos como suele hacer ministro», ha manifestado Peris.

Por su parte, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha apuntado la necesidad de que haya un equipo científico y técnico fitosanitario adecuado en cada puerto y que los tratamientos con los países terceros se cumplan efectivamente, «porque hasta ahora, el tratamiento en frío sigue sin aplicarse científicamente».

Así mismo, ha exigido a nivel nacional y europeo una ley de la cadena alimentaria «que tenga mucho más contenido y garantice que el agricultor va a tener un precio justo por lo que produce», y ha añadido que «es necesario que el ministro pida en Europa que los acuerdos con países terceros que se firmen lleven reciprocidad, y que se revisen los acuerdos internacionales y se vea el impacto que tienen sobre nuestro mercado».

Según ha subrayado Aguado, en Castellón una de cada cinco hanegadas está abandonada, y las importaciones, como consecuencia de la guerra de Israel y Gaza, «están potenciando que muchas naranajas estén llegando a Europa y estén hundiendo los precios». «Europa tiene que hacer justicia y tiene que decidir si quieren agricultores en Europa o un desierto», ha concluido.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), Ricardo Bayo, ha criticado la «hipocresía de las políticas europeas». Según ha dicho, «no puede ser» que a los agricultores españoles les estén prohibiendo el uso de productos fitosanitarios y «que se permita la entrada de alimentos tratados con esos mismos productos», ni que «estén entrando plagas y nos estén eliminando las materias activas que necesitamos para luchar contra ellas».

Al respecto, ha afirmado que las políticas agrarias europeas les están arruinando. «Se están burlando de nosotros y nos están enterrando en burocracia», ha dicho. «Esto va de comer, y están poniendo en riesgo la capacidad de la UE de producir alimentos y la soberanía alimentaria de Europa, y están promoviendo que se abandonen las explotaciones y que se vaya la gente de los pueblos», ha aseverado.

En su opinión, «es el momento de que los políticos se dejen de luchas partidistas y vayan a Bruselas a decir que hasta aquí hemos llegado, que o se cambian las políticas europeas o nos vamos todos a la ruina». Por otra parte, se ha referido a la reunión que mantuvieron recientemente con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «Salimos muy bien todos en la foto, pero no puso ni una sola medida encima de la mesa, y eso es una burla para el sector agrario», ha destacado.

Bayo espera que el ministro de Agricultura «se plante en Bruselas y diga que 'hasta aquí hemos llegado' y se traiga una victoria para el sector agrario o, si no, directamente que no vuelva». «No podemos estar cargando sobre nuestras espaldas todas las medidas de carácter medioambiental y que nos digan que los agricultores somos los que más contaminamos», ha agregado.

El responsable de UPA-PV ha demandado una reorientación de las políticias europeas. «Los agricultores valencianos no queremos limosnas, sino un cambio real en la política agraria europea y que nos dejen trabajar, y que se ponga a funcionar la ley de la cadena alimentaria para que se nos pague un precio justo por nuestros productos», ha apuntado.

«Mazón y el conseller de Agricultura también tienen mucho que decir, porque las primeras medidas que adoptaron fue cargarse la campaña de promoción de cítricos o demantelar la Agencia de Información y Control Agroalimentario, que es donde los agricultores tenemos que ir a poner denuncias cuando nos someten a los abusos», ha señalado.

Los representantes de las organizaciones agrarias convocantes de la protesta han mantenido una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez. Según ha señalado Ibáñez, las inspecciones se deben mejorar «muchísimo» en origen, pero «es una realidad que las inspecciones en destino, y hablo por el Puerto de castellón, funcionan perfectamente, y aquí desde 2022 hay una bonificación del 40 por cien a la mercancía en contenedor de cítricos, tanto a la importación como a la exportación».

No obstante -ha resaltado- «si los sectores productivos, tanto agrario como el cerámico, consideran que se debe revisar este tipo de bonificaciones, estamos abiertos al diálogo con ellos y a modificarlas».