Agricultores acusan al Gobierno de «incumplir la ley» con la planta solar de la desaladora de Torrevieja

Además de mostrar su «disconformidad» con este macroproyecto, ponen de relieve que «lejos solventar el problema, lo que hace el Gobierno central es moverlo a otra parte ocupando suelos de alta capacidad productiva, como planteaba el plan inicial».

Dichas fincas de regadío están declaradas de interés nacional por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura -tal como publicó ABC- y, por tanto, es un suelo que debe estar protegido de este tipo de instalaciones que acaban precisamente con el objeto de dicha declaración, según Asaja.

Ante esta situación, proponen emplear campos de secano que no cuenten con protección ambiental según la normativa europea. Y asegura que «los hay disponibles en el área elegida; lo único que hace falta es analizar mejor el territorio».

Además, consideran las circunstancias de este proyecto «una muestra más de un Gobierno que tiene como objetivo dañar al sector primario, fruto de la obcecación del mencionado Ministerio por acabar con la agricultura más productiva del país, el regadío del Levante español». A su juicio, no es situación aislada: «Es un despropósito tras otro, forma parte de una larga lista que llevamos soportando los agricultores alicantinos, como la aplicación de unos caudales «ideológicos», que no ecológicos, que se usan como ariete para reducir el agua que se trasvasa a la cuenca del Segura, sin beneficiar a nadie a cambio».

Esta medida, que recortará a la mitad los trasvases desde el Tajo, está en la línea de otras igualmente perjudiciales para el sector en esta zona. «Otro ejemplo más es la falta de voluntad real de realizar las infraestructuras hídricas necesarias como las tuberías que lleven el agua desalada a todos los regantes, proponiendo un proyecto no ejecutable desde el punto de vista ambiental», han añadido a este repaso de agravios.

Este aspecto también ha sido denunciado desde la Generalitat Valenciana, que hace tipo apercibió al Ministerio de que la ubicación no encajaba con la normativa medioambiental.

Por su parte, Andreu desaprueba que se proponga un proyecto cuya ejecución constituiría «un delito ambiental, algo inadmisible y sólo concebible como excusa para no conectar la desaladora de Torrevieja con los canales del trasvase, y con ello poner en mayores dificultades a los regantes«.