La Agencia Valenciana Antifraude investiga el acoso sexual a dos de sus funcionarias

Llinares ha señalado que, pese a que no estaban obligados al tener menos de cincuenta trabajadores, el equipo directivo considero importante llevarlo a cabo este plan para «prevenir que no se produzca ninguna situación indeseable».

En ese contexto, se realizó entre abril y mayo una encuesta anónima al personal, que ya contaba con un canal interno para detallar este tipo de situaciones. El cuestionario reveló que dos profesionales se habían sentido acosadas en el ámbito laboral tras recibir «mensajes con contenido sexual no deseado» de otros miembros de la plantilla, tal y como se recoge en un informe preliminar avanzado por Las Provincias.

Las pesquisas siguen en marcha de forma confidencial, por lo que Llinares no ha querido dar más detalles sobre este asunto, que se trasladará a la Fiscalía si se considera necesario, aunque ha rechazado cualquier tipo de malestar en la dirección sobre la manera en la que se ha gestionado.

Este organismo autonómico. que inició su andadura en 2016 para prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción, ha recuperado 29 millones de euros para las arcas públicas en tres años. Además, tiene bajo protección a 31 personas físicas y a una empresa.

Precisamente, este martes el Tribunal Supremo estudiará el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que retiró la protección de la Agencia Valenciana Antifraude al jefe de urbanismo de un Ayuntamiento tras alertar en 2018 de presuntas irregularidades en el funcionamiento de una discoteca, entre otras edificaciones, y recibir amenazas.

El TSJ dio la razón al consistorio y entendió que la agencia no le podía reconocer como denunciante, a pesar de haber colaborado en la investigación judicial, al no haber una denuncia administrativa en el propio organismo.

El Supremo deberá dilucidar también si se puede aplicar una directiva europea -la conocida como 'whistleblower', aprobada en 2019- sin que España la haya adaptado a su ordenamiento jurídico -lo ha hecho este año- en el plazo fijado.