Acusan de negligencia a dos médicas por la muerte de un niño tras acudir cinco veces a Urgencias

Así lo ha señalado Raquel Sánchez Navarro, abogada de la familia de Aitor, el menor fallecido que residía en Petrer, en declaraciones a los medios este lunes tras la primera sesión del juicio que se celebra en el Juzgado Penal número dos de Alicante, y que seguirá los próximos días 27 y 28 de marzo.

Según ha explicado la letrada, una de las acusadas ha defendido que el niño no tenía ningún tipo de dolor cuando entró en el centro hospitalario y ha incidido en que esta facultativa mantiene esta postura «pese a que hay informes anteriores que dicen que sí hubo un dolor agudo de siete sobre once en el triaje».

Y ha agregado que la otra médica simplemente ha informado de que no atendió a Aitor porque la familia «no quería», después de haberlo llevado a las 05.30 horas del día en que ocurrieron los hechos al centro de salud por urgencias.

Asimismo, la letrada de la familia del menor ha incidido en que durante la sesión se han constatado «versiones muy contrapuestas» entre las partes, ya que las facultativas «siguen argumentando que la atención que hicieron fue la correcta», pero la acusación particular y el perito judicial entienden que hay «mala praxis».

En concreto, la familia solicita 21 años de cárcel para cada una de las dos facultativas e inhabilitación durante el tiempo de la condena para ejercer su profesión por un delito de homicidio por omisión, según se desprende del escrito de acusación.

También pide que las acusadas indemnicen solidariamente en concepto de responsabilidad civil a la madre del menor con 350.000 euros por los «inmensos daños morales ocasionados, la pérdida de la calidad de vida y el grave perjuicio causado», además de indemnizar a sus tutores legales o cualquier familiar afectado que pudiera corresponder«, y reclama que se embarguen los bienes que son propiedad de las acusadas en cuantía de 1.850.000 euros para »garantizar las responsabilidades civiles derivadas« de estos hechos.

Igualmente, solicita condenar como responsable civil subsidiaria a la Conselleria de Sanidad y, por ende, a su compañía aseguradora, ya que las dos médicas son empleadas públicas.

Por su parte, la Fiscalía pide varias penas de prisión: una de dos años y cuatro meses para la facultativa del Hospital General de Elda y otra de un año y diez meses para la del centro de salud. También pide inhabilitarlas para ejercer la profesión médica durante cuatro años y seis meses y durante tres años y seis meses, respectivamente.

Asimismo, el Ministerio Fiscal reclama a las acusadas indemnizaciones de más de 143.000 euros para la madre del menor y para sus abuelos, que son sus tutores legales. De dichas cantidades deberá responder como responsable civil directo la aseguradora y como civil subsidiaria la Conselleria.

Sobre las peticiones de cada parte, la abogada de la familia ha resaltado que una vida humana «no tiene precio», aunque se ha mostrado contraria a que la Fiscalía valore las indemnizaciones únicamente con más de 143.000 euros, algo que ha calificado que «insultante».

«Espero que, en caso de tener una sentencia a nuestro favor, las indemnizaciones sean mayores. El daño nunca se va a poder cubrir, pero por lo menos que sean indemnizados -los familiares- moralmente de alguna forma que se pueda considerar que sea buena», ha afirmado Sánchez Navarro, para posteriormente lamentar que las facultativas «no hayan pedido ningún tipo de perdón», por lo que espera una «sentencia buena y condenatoria que sea un ejemplo para todos».

De otro lado, Guillermo Llago, abogado de la doctora del centro de salud de Petrer, ha señalado en declaraciones a los medios, que afrontaN el juicio «con responsabilidad» al tratarse de un «tema sensible» como es la muerte de un niño.

Llago ha incidido en que las pruebas periciales de las distintas partes «van a ser bastante determinantes para el desarrollo final del juicio», al tiempo que ha asegurado que hay «confrontación» entre las aportadas por la defensa y la acusación. «La medicina no es una ciencia exacta, sino de medios. Siempre son complicadas», ha apostillado.

Los hechos ocurrieron a finales de octubre de 2020, cuando Aitor falleció por peritonitis tras haber acudido cinco veces a urgencias, por sufrir vómitos y dolor abdominal, entre los días 26 y 28 de ese mes.

La familia sostiene que al pequeño no le hicieron «ni una ecografía ni una analítica de sangre» y que el personal sanitario alegó que no se le practicaron más pruebas debido al coronavirus.

Durante la primera sesión del juicio, además de las dos médicas acusadas y varios testigos, han declarado la madre de Aitor y sus abuelos y tutores legales. La abuela del menor fallecido, Marta Gonzálvez, espera «hacer justicia» por Aitor, al que se refiere como su hijo.

En declaraciones a los medios, ha afirmado que ha vivido la sesión «como una montaña rusa». «Entras ahí con tu verdad, con tu dolor, con tu pena, y ves que hay gente que no tiene sentimientos. Entonces, es muy duro», ha añadido.

También se ha dirigido a familiares de otras personas que puedan haber sufrido presuntas negligencias médicas para remarcar que «sí se puede llegar a un juzgado» y que, «igual que cualquier persona comete un delito y lo paga», las acusadas «también tienen que pagarlo aunque lleven una bata blanca» si son consideradas finalmente culpables.

«Aitor somos todos. Esto, aparte de por la justicia y el honor de mi hijo, lo hago por muchas familias que se quedan en el camino por no poder llegar, por no encontrar profesionales o porque les dicen que no van a llegar a ningún sitio y que no merece la pena», ha declarado.

Y ha apuntado: «Cuando nos arrebatan la vida de un hijo, de un familiar, nos lo quitan todo, tanto un médico como un criminal, pero pido desde aquí a los familiares que ante ese dolor saquen las entrañas de dentro, esos trozos de corazón y que luchen por hacer justicia, porque nuestros hijos se lo merecen».

Gonzálvez ha agradecido la labor de su letrada y que se hayan acercado al juzgado a mostrarle su apoyo familiares de otros menores que han sufrido presuntas negligencias médicas en otros puntos de España como Móstoles (Madrid) o Albacete y que se van a juzgar próximamente.