Un abogado valenciano recurre en el Tribunal de Justicia de la UE la ley de amnistía para anular su tramitación

En el escrito, señala que «sin duda» la ley de amnistía «infringe los principios básicos del Derecho Comunitario« y »supone un claro quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con una clara injerencia sobre el Poder Judicial».

Recuerda que la proposición de ley se tramita en un contexto de acuerdos políticos «para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España« y por tanto »ha sido anunciada por todos los medios de comunicación desde principios de septiembre de 2023 (...) como medida para obtener la mayoría parlamentaria».

Por eso, sostiene que la Comisión Europea «conoce sobradamente las intenciones de presentar dicha tramitación de la ley citada, y ha conocido el texto en tramitación que infringe en gran medida los valores fundamentales del Derecho de la Unión Europea».

Y explica que, dada la inacción de la Comisión Europea para «evitar el incumplimiento del Derecho Comunitario por parte de un Estado miembro como es el Reino de España, y concretamente de su Congreso de los Diputados», presenta recurso ante el TJUE «a efectos de que se adopten las medidas oportunas para evitar la promulgación de una ley que es lesiva con los derechos y principios comunitarios».

Insiste que en el redactado de la ley se aprecia «fácilmente» que «infringe el principio comunitario de la separación de poderes y la independencia del sistema judicial que se contempla en el artículo 2 Tribunal de la Unión Europea (TUE) sobre el Estado de Derecho».

Y hace referencia expresa al artículo 4.4 de la ley que señala que la entrada en vigor de la misma «implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía».

Recoge también que la proposición dice que «supondrá la finalización de la ejecución de las penas impuestas por aquellas acciones u omisiones que hubieran sido amnistiadas» y que «en todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones».

Así, para el abogado Nicolau resulta evidente que una futura promulgación de la ley «quiebra de manera directa el principio fundamental del Estado de Derecho, en la medida que tal y como se ha puesto de manifiesto elimina la independencia de los órganos jurisdiccionales ya que de manera directa menciona la ley que deben desaparecer las medidas cautelares adoptadas con respecto a reos o personas sancionadas, sin que exista ninguna revisión por parte del propio Poder Judicial».

Asimismo, indica que con la norma «desaparece por completo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el principio de separación de poderes» dado que indica que se deben alzar medidas cautelares aún cuando exista pendiente de resolver una cuestión o recurso de inconstitucionalidad.

El abogado se refiere en su escrito a un precedente que «también vulneraba la independencia judicial» en Polonia al introducirse medidas por parte de su Gobierno que derivaron en que el TJUE suspendiera de manera cautelar la reforma legislativa pretendida.