Las tasas que nunca pagó Felipe Briones

El fiscal Anticorrupción nunca pagó cargas urbanísticas: ni al construir su casa, ni al aprobarse el Plan Parcial

D. MARTÍNEZ
ALICANTE Actualizado:

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha logrado evitar lo que es una obligación ineludible para cualquier propietario particular de suelo en España: asumir las cargas urbanísticas —el pago del canon por ver urbanizada la zona donde posee la parcela— y ceder parte de su propiedad al Ayuntamiento de turno para que se destine a suelo dotacional.

Como ha venido contando este periódico, la clave para sortear el pago de las cargas fue la negociación que Briones y otros ocho afectados por un Plan Parcial sostuvieron en 2001, mientras se tramitaba la actuación, con el Ayuntamiento de Muchamiel. Negociación en defensa de sus intereses que dio sus frutos, y que quedó reflejada en el expediente del plan.

El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, salió en defensa de la actuación del hoy titular de Anticorrupción. López Coig considera que nada hay de reprochable en que un propietario negocie personalmente con un Consistorio, mientras se tranmita una actuación urbanística, para defender sus intereses. «No hay nada irregular», dijo el fiscal jefe en declaraciones a ABC: «se limitó a negociar con el Ayuntamiento, como haría cualquier propietario afectado, para defender sus derechos».

Negociación exitosa

Lo cierto es que los derechos de Briones y otros ocho propietarios de viviendas en la zona de «La Almajada», a las afueras de Muchamiel, fueron salvaguardados. No gracias a las alegaciones que pedían cambiar la calificación del suelo para evitarse las cargas —que fueron rechazadas en base a la LRAU—, sino porque el Ayuntamiento se avino a modificar a la baja la edificabilidad en la zona (la Unidad de Ejecución 2) para reducir así dichas cargas, tras negociar directamente con los propietarios.

El acuerdo, que obligó a modificar de arriba a abajo la propuesta económica y las características técnicas del Plan Parcial del sector C, solo pedía a cambio que los beneficiarios del resultado de las negociaciones asumieran la urbanización de un vial, en el plazo de dos años. En 2010, casi una década después, las cargas seguían sin haberse imputado a Briones y el resto de afectados, como se reflejaba en la liquidación del Plan Parcial. El asfaltado del vial —que no urbanización— corrió a cargo del promotor.

A día de hoy, el fiscal Anticorrupción ha logrado evitar pagar una sola carga urbanística por su vivienda unifamiliar. No lo hizo cuando construyó la casa en 1990 con una licencia «incorrecta» concedida en apenas un mes, según consta en otro informe. Ni al aprobarse el Plan Parcial en 2001, gracias a la negociación con el Consistorio, ni al liquidarse las cargas en 2010.