Ripoll responderá ante el juez por diez presuntos hechos delictivos

El presidente del PP de Alicante declarará el 1 de diciembre, acusado de cohecho, fraude y tráfico de influencias

ALICANTE Actualizado:

El presidente provincial del PP en Alicante, Joaquín Ripoll, tendrá que responder sobre la comisión de diez hechos presuntamente delictivos, durante su comparecencia como imputado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, fijada el próximo 1 de diciembre.

Estas diez actuaciones irregulares están recogidas en un informe de la Fiscalía Anticorrupción —asumido en el auto judicial por el que se cita a declarar a Ripoll— y son tipificables en las figuras del cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a autoridades públicas.

En esta pieza del «caso Brugal», Ripoll está acusado de maniobrar para que el adjudicatario del Plan de Residuos de la Vega Baja, Enrique Ortiz, compartiera una parte de sus beneficios con el empresario de las basuras Ángel Fenoll. En concreto, el entonces presidente de la Diputación de Alicante habría presionado a Ortiz para que comprara a Fenoll la finca Las Pistolas por tres millones de euros, para construir en ella la planta de tratamiento de residuos, a costa de incrementar en un 10% el canon que debían pagar los ayuntamientos. A cambio, Angel Fenoll habría respaldado económicamente al PP de Orihuela para que ganara las elecciones locales de 2007 y habría comprado —a través de varios testaferros— la televisión local Canal 37 para mantener su control político.

Dos viviendas

En cuanto al delito de cohecho, el juez y el fiscal acusan a Ripoll de haber aceptado favores de Enrique Ortiz —como un viaje a Sevilla y otro a Baleares en su yate— y sostiene que pactó como contraprestación recibir dos viviendas de lujo en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante valoradas en un millón de euros. En sus informes, la Policía relaciona este hecho con el millón de euros que Ripoll exigió a Ortiz que abonara a Fenoll, como condición para desbloquear la tramitación del Plan Zonal.

Aunque esta cifra estaba destinada teóricamente a satisfacer el primer plazo por la compra de la Finca Las Pistolas, la Policía especula sobre la posibilidad de que se trate realmente de una comisión ilegal. En cualquier caso, el acuerdo exigía que el Consorcio de Residuos presidido por Ripoll incrementara en un 10% el canon que debían pagar los ayuntamientos —un 6% durante el período transitorio—, con el fin de cubrir el sobrecoste que suponía la adquisición de los terrenos.

El fiscal Anticorrupción también acusa a Ripoll de facilitar información privilegiada a Fenoll sobre la tramitación del Plan Zonal —a través de los intermediarios Rafael Gregory y Vicente Gomis— y de haber puesto al servicio del empresario a los técnicos de la Diputación de Alicante, con el fin de que informaran favorablemente su oferta en el concurso.