La política como instrumento

Las complicaciones judiciales han puesto fin a la particular manera de entender la política y sus cargos del alicantino

ALICANTE Actualizado:

«Los valencianos no son malos, son peores». La frase, pronunciada fuera de micrófono en diciembre de 2008 —días después de ganar su segundo congreso provincial—, define la filosofía que ha guiado la acción política de Joaquín Ripoll en los últimos años. En casi ocho años como presidente provincial del PP de Alicante, instrumentalizó el cargo al servicio de la corriente —inicialmente denominada «zaplanista»— crítica con Francisco Camps.

Arquitecto de formación —se le conoce al menos un proyecto— vivió sus mejores años en política cuando el PP llegó por primera vez a la Generalitat: ya había sido concejal y senador, y se convirtió en conseller, primero, y vicepresidente, después. Con el relevo de Eduardo Zaplana por Camps, recaló en la Diputación de Alicante y, en 2004, se convirtió en presidente provincial en un congreso sin oposición.

Durante los últimos siete años, el ya ex presidente del PP alicantino se ha definido por oposición a la dirección regional del partido. Convirtió la Diputación en una suerte de contrapoder a la Generalitat, y la presidencia provincial del partido en una atalaya desde la que lanzar constantes desafíos a la ejecutiva regional con un único objetivo: su propia supervivencia orgánica e institucional, y la de su «núcleo duro».

Pese al respaldo de los pequeños municipios, que dependían de las ayudas de la Diputación, la contestación interna a Ripoll fue en aumento con el paso de los años, y en paralelo, creció también la utilización partidista de la institución provincial: decenas de afines colocados como asesores, subvenciones «a dedo» en función de las filias y fobias... y un sueldo superior al del presidente del Gobierno.

El principio del fin

En 2008, los críticos plantearon batalla, y el ex alcalde de Benidorm Manuel Pérez Fenoll se quedó a cinco votos de arrebatarle la presidencia provincial. En julio de 2010 llegó el principio del fin: Ripoll era detenido por su implicación en el «caso Brugal» e imputado por cinco presuntos delitos. La investigación destapó también el tren de vida de Ripoll, que la Policía consideraba excesivo para su poder adquisitivo, pese a su sueldo.

Debilitado orgánicamente, el 22-M le puso la puntilla en la Diputación: sus principales colaboradores perdieron la Alcaldía en unas elecciones donde el PP arrasó en toda la Comunidad, y los concejales electos por la comarca de l'Alacantí lo dejaron fuera de la institución provincial, donde aspiraba a repetir mandato.

«Exiliado» en la Autoridad Portuaria de Alicante, el PP alicantino estaba abocado a la renovación. La citación para declarar el 1 de diciembre ha acelerado los acontecimientos.