La Generalitat da luz verde al recurso contra la Ley de Aguas

El pleno de las Cortes, como avanzó ABC, aprobará el lunes su presentación

VALENCIA Actualizado:

La Generalitat aprobó ayer el texto del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del Gobierno que modifica la ley de Aguas, al considerar que quebranta «el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión« y «fragmenta las competencias» en esta materia.

La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, explicó después del pleno de Consell que la citada ley otorga a algunas autonomías «competencias sobre la inspección, control y vigilancia de las aguas que pasan por su territorio».

El Consejo Jurídico Consultivo ha avalado la presentación de este recurso, ya que no estima que concurra en este caso la «extraordinaria y urgente necesidad que exige un real decreto-ley». Además, estima que se ha infringido el principio constitucional de lealtad institucional y participación de la Comunidad en asuntos que le afectan, con la omisión de trámites esenciales, como el informe del Consejo Nacional del Agua.

La presentación de este recurso, avanzado por ABC el pasado día 3 de noviembre, debe ser confirmada por el pleno de las Cortes el próximo lunes, ya que el plazo de para la presentación de recursos de inconstitucionalidad expira el próximo día 30 de noviembre.

Artículo 171

Las Cortes celebrarán el lunes un pleno específico para analizar esta cuestión y el mecanismo para la convocatoria del mismo ha sido novedoso, ya que es la primera vez que se utiliza el artículo 171 del reglamento de las Cortes —de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto de Autonomía—. Este artículo permite interponer un recurso de inconstitucionalidad por un conflicto de competencias y determinar que sea el Consell el que comparezca.

El recurso ahora planteado por el Consell se presenta contra el decreto del pasado 26 de agosto, en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó conferir a las regiones que los tengan previsto en sus Estatutos, el ejercicio de la competencia sobre la policía de dominio público hidráulico dentro de su territorio.

El Gobierno hacía alusión a que sólo tenían esta capacidad estatutaria Aragón, Cataluña y Andalucía y consideraba que las funciones de policía previstas son la inspección y control del dominio público hidráulico, la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y la realización de aforos, información sobre crecidas y controles de calidad.

Supervisión de parte

La realidad, sin embargo, es que la labor de vigilancia debería corresponder a la Administración General del Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española, tal y como respaldan los populares. Y es que las políticas promovidas desde las comunidades autónomas chocan frontalmente con las de las Confederaciones Hidrográficas. Con la nueva regulación, un Ejecutivo autonómico puede considerar que ya que un río pasa por su región debe utilizarse el máximo de su agua en su territorio. La supervisión de pozos ilegales, el uso del agua de los trasvases o de los regadíos ilegales quedará, con el decreto en manos de «jueces de parte», por lo que el grupo parlamentario popular intentará devolver estas atribuciones al Estado.