Fabra pone cerco a la corrupción y marca distancias con los imputados

El presidente del PPCV defiende la presunción de inocencia al tiempo que pasa a la ofensiva: la Generalitat se personará en el «caso Emarsa»

VALENCIA/ALICANTE Actualizado:

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, se propone invertir la dinámica de los últimos años respecto a los dirigentes populares salpicados por casos de presunta corrupción. Fabra, según explicaron fuentes próximas, está decidido a marcar distancias y poner coto a las prácticas supuestamente corruptas por las que se han visto salpicados algunos cargos del partido. Una estrategia que no implica, en cualquier caso, el menoscabo de la presunción de inocencia de los afectados.

El presidente valenciano dio muestra de sus intenciones ayer, a cuenta del «caso Emarsa», que investiga supuestas irregularidades en la sociedad que gestiona la depuradora de Pinedo —y en el que, entre otros, se encuentra imputado el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, ex presidente de la citada sociedad—. Primero, avanzó en las Cortes que la Generalitat se personará en el caso como acusación particular, para contribuir a «clarificar» una situación que «nos avergüenza». Y a renglón seguido, anunció que impulsará una comisión de investigación sobre el caso en la Cámara autonómica —como solicitaba el PSPV—.

Seis meses

Dicha comisión se prolongará seis meses, según la propuesta registrada por el grupo popular en las Cortes Valencianas tras el anuncio de Fabra. Tendrá representación de los cuatro grupos, y elaborará un dictamen que, tras su aprobación, será elevado al pleno de la Cámara autonómica para que lo vote. Si bien la oposición —que aplaudió el anuncio de Fabra— reclamó inmediatamente que la comisión cite a los imputados, que ya han declarado ante el juez, el contenido de la misma se decidirá una vez quede constituida.

Al margen del «caso Emarsa», el presidente del PPCV ha comenzado también a marcar distancias con otros dirigentes populares salpicados por sospechas de corrupción, como el ex presidente del PP de Alicante Joaquín Ripoll o el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. En el caso de Ripoll, tras su relevo al frente de la Diputación de Alicante el pasado julio, la dirección regional lo forzó a presentar su dimisión de la presidencia provincial la semana pasada, antes de comparecer, ayer, ante el juez que instruye el «caso Brugal».

Mientras, la reapertura de la causa contra Carlos Fabra por el Tribunal Supremo llega cuando el presidente provincial del PP castellonense ha abandonado ya todo cargo público —se reincorporó hace unas semanas a la Cámara de Comercio—, y después de que el jefe del Consell señalase a Javier Moliner como el próximo presidente.