LANZAROTE

El Cabildo plantea suspender el PIO para regularizar los hoteles ilegales

S. G. C. / ACN
LANZAROTE Actualizado:

El catedrático de Derecho Constitucional, Luciano Parejo, presentó ayer en la sesión del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote su dictamen sobre la ejecución de las sentencias que han dejado en situación de ilegalidad a 27 hoteles y complejos de apartamentos.

Parejo desaconseja en su informe la iniciativa legislativa presentada en 2009 por el PSOE como una vía de solución para legalizar los hoteles a cambio de que los promotores compensaran con suelo al Cabildo porque considera que puede plantear dudas desde el punto de vista legal y podría dar lugar, incluso, a plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

La solución que propone Parejo pasa, en primer lugar, por alcanzar un acuerdo plenario por el que el Cabildo fije el modo en que se debe proceder para la ejecución de las sentencias. En ese acuerdo, el Cabildo propondría al Gobierno de Canarias que se suspenda el planeamiento insular y municipal (de Yaiza y Teguise) en aquellas parcelas afectadas por las sentencias y en aquellos aspectos que impedirían jurídicamente conseguir una nueva licencia.

Nuevo procedimiento

En la fase de ejecución de la sentencia, los hoteles deben iniciar de nuevo un procedimiento administrativo para conseguir una licencia. Parejo propone cambiar aquellos aspectos que darían problemas para lograr los permisos. Ese acuerdo, al igual que todo el proceso, debería ser validado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los ayuntamientos delegarían sus competencias urbanísticas en el Cabildo en lo referido al cumplimiento de esas sentencias y a su vez el Cabildo las delegaría en el Gobierno canario.

En el momento de la suspensión del planeamiento deberían presentarse, a su vez, unas normas transitorias en las que ya se fijen, para cada caso, los requerimientos que se le pidan a los promotores parra poder legalizar los hoteles y las medidas de compensación oportunas.

Según Parejo, para evitar la oposición en la fase de la ejecución de las sentencias por parte de los promotores, hay que eliminar algunos aspectos que podrían ser conflictivos desde el punto de vista jurídico.