Un auto elocuente

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TRAS ser detenido en julio de 2010 por su presunta implicación en el «caso Brugal», el todavía presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, ha sido citado a declarar el próximo 1 de diciembre como imputado ante el juez de Orihuela que instruye la causa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. El contenido del auto judicial y el informe de la Fiscalía Anticorrupción en los que se basa la acusación contra Ripoll hace cada vez más insostenible su posición al frente del PP alicantino. Dicho dictamen sostiene que el entonces presidente de la Diputación maniobró y presionó al adjudicatario del Plan Zonal de residuos, Enrique Ortiz, para que repartiera una parte del beneficio del contrato con el empresario de las basuras Ángel Fenoll, cuya oferta había quedado descartada en el concurso. Siempre según el informe que ha asumido el juez, Ripoll podría haberse beneficiado de contraprestaciones —en metálico o en forma de dos viviendas de lujo— que los investigadores valoran en un millón de euros. Precisamente la misma cantidad que el líder popular exigió que Ortiz abonara a Fenoll. La gravedad de estas imputaciones debería llevar a Ripoll a reflexionar sobre su futuro como presidente del PP de Alicante, para evitar que sea la dirección del partido la que fuerce su destitución.