Zaplana defiende la Ley de Extranjería y Caldera asegura que no se aplicará

La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería suscitó ayer debates en todos los frentes. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, la calificó como «tremendamente razonable» y citó como su principal objetivo «asegurar un trato justo y digno para los inmigrantes». En el otro extremo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, pronosticó en Valencia que la ley no la cumplirá ni el propio Gobierno.

VALENCIA. Pepe Díez Verdejo
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Una sola ley y un sinfín de interpretaciones. Es el misterio de la Ley de Extranjería que empezó a rodar ayer en todo el país. Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, defendió el nuevo texto por entender que pretende que los inmigrantes que residan en España «puedan tener sus derechos garantizados y unas condiciones de vida dignas».

Apuntó la necesidad de que las comunidades autónomas colaboren con el Gobierno central para que la aplicación de la ley sea lo más eficaz posible. En este sentido, resaltó que la Generalitat mantiene un diálogo con la Administración central para establecer cuáles pueden ser las necesidades de mano de obra de la Comunidad Valenciana.

Zaplana cree que la Generalitat ha tomado decisiones sociales que ponen de manifiesto una voluntad alejada de las críticas que se están escuchando. En esta argumentación puso como ejemplo la creación de la tarjeta que permitió la cobertura sanitaria de todos los residentes en las provincias valencianas. El presidente aseguró que la voluntad de su gobierno es «garantizar las prestaciones sociales y la calidad de vida que merece cualquier persona».

CRÍTICAS SOCIALISTAS

Mientras Zaplana opinaba sobre la ley durante la inauguración de las obras de la depuradora de Pinedo, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, daba la versión de su partido en una conferencia impartida en la Universitat de València.

Caldera prevé que el Gobierno «se va a ver obligado a incumplir» la nueva ley, ya que «se verá desbordado» por el fenómeno de la inmigración. Cree que la ley «ni es útil a la sociedad ni regula adecuadamente el fenómeno».

El portavoz socialista abogó por regular la inmigración en origen y señaló que una vez los inmigrantes han llegado a España «deben disfrutar de plenos derechos, sobre todo si son necesarios para la actividad económica nacional».

Por otra parte, el secretario de Juventudes Socialistas de España (JSE), el alicantino Herick Campos, afirmó que el problema no es la inmigración, sino «la propia ley del Partido Popular, que no ha sido consensuada con el resto de formaciones». Propuso una mesa de negociación entre sindicatos, representantes de inmigrantes y empresarios.