La Fiscalía solicita prisión comunicada y sin fianza para Eduardo Zaplana

Ahora, la juez debe decidir si decreta el ingreso en prisión preventiva para el que fuera presidente de la Generalitat o si, por el contrario, acuerda medidas cautelares que no impliquen la entrada en la cárcel de Zaplana, quien ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) y, tras pasar los instalaciones de la Benémerita en Valencia ha sido puesto a disposición judicial.

Al respecto, la defensa del exdirigente del PP y exdirectivo de Telefónica ya solicitó ayer a la juez que ordenó el pasado miércoles su detención que le pusiera en libertad debido a la leucemia que padece desde 2015 y a que, tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en e l Hospital de la Fe de Valencia .

Sin embargo, la Fiscalía ya decidió oponerse debido a que el martes fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros. Además, alegaba que existía riesgo de destrucción de pruebas.

A la espera de conocer el futuro judicial de Zaplana, la magistrada ha decretado libertad con medidas cautelares para el empresario José Cotino , sobrino del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, según ha informado su abogado, Juan Carlos Navarro.

José Cotino, que al igual que el resto de detenidos se ha acogido a su derecho a no declarar , se tendrá que personar semanalmente ante el juzgado que instruye la causa.

Al margen de las declaraciones en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el exdirector de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, había sido citado también a declarar este jueves como investigado ante la Guardia Civil.

Sus sobrinos Vicente y José Cotino son dos de los detenidos en esta causa, en la que los investigadores han llevado ya a cabo varios registros, como los practicados en las viviendas de Zaplana en Valencia y Benidorm y sus antiguas oficinas en la sede madrileña de Telefónica.

La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.

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Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.

La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent , exgerente de la empresa Imelsa y conocido como "el yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.