Ximo Puig esgrime una ley de 1986 para prorrogar el toque de queda en Valencia sin el estado de alarma

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El pasado mes de octubre, la Generalitat logró el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para la declaración del toque de queda , que entendió que la citada normativa proporcionaba «suficiente cobertura sustantiva para la adopción de medidas sanitarias limitativas de libertades y derechos fundamentales».

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Entonces, la incidencia acumulada del coronavirus en la Comunidad Valenciana se situaba por encima de los 170 contagiados por cada 100.000 habitantes frente a los 43 de la actualidad , cinco veces por debajo de la medida del conjunto de España, según la última actualización de datos del Ministerio de Sanidad.

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Sin embargo, la Generalitat entiende que resulta pertinente prorrogar a partir del 10 de mayo el toque de queda nocturno, ya sin el paraguas legal del estado de alarma , para consolidar la tendencia a la baja de los positivos de Covid-19 .

De hecho, a partir de ese día se levantará el confinamiento de la Comunidad Valenciana y con el toque de queda se persigue evitar comportamientos que podrían propiciar la propagación del coronavirus como los botellones o las fiestas legales. Además, se baraja un horario que no entorpezca la actividad económica.

Este martes, Ximo Puig ha reiterado que existe un marco legal «suficiente» para mantener las restricciones, «siempre con el aval del TSJ». En ese sentido, ha explicado que en el caso de la prórroga de la limitación de la movilidad nocturna , la consulta a la Justici a «posiblemente sea previa a la toma de la decisión» .

En octubre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano dio por buena una medida que entonces suponía una «limitación temporal» al derecho a la libre circulación y deambulación, y además contenía «muy importantes excepciones».

Al respecto, la Generalitat estudia que la prórroga del toque de queda se revise de forma periódica y valora la posibilidad de retrasar su inicio. Hasta ahora, está prohibido salir a la calle sin causa justificada entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Las excepciones al toque de queda se mantendrían desde el 10 de mayo. Entre ellas, los desplazamientos a los puestos de trabajo y el retorno al lugar de residencia tras la jornada laboral; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o adquisición de productos farmacéuticos; o para el cuidado a ancianos, menores, personas dependientes, con diversidad funcional o especialmente vulnerables».

El TSJ valenciano también avaló entonces las restricciones a las reuniones sociales y familiares acordadas por la Generalitat antes de la declaración del estado de alarma a nivel nacional. Los magistrados apuntaron que el Tribunal Constitucional «admite el establecimiento de medidas concretas limitativas del efectivo ejercicio de derechos fundamentales sin tener que acudir necesariamente al llamado derecho de excepción».

Aunque el Tribunal interpretó que la Ley de Salud Pública de 1986 ampara las limitaciones de derechos fundamentales como las acordadas por la Conselleria de Sanidad, alertó de que es necesaria «una producción normativa idónea y ad hoc que solvente los problemas interpretativos con los que nos encontramos y evite la consecuente contradicción de criterios a la que estamos asistiendo».

Sin embargo, ante la ausencia de dicha producción legislativa, la Generalitat ajustará sus medidas a la situación epidemiológica actual para argumentar con criterios «científicos y no políticos» las restricciones que pretende mantener a partir del 10 de mayo . Al margen de la citada normativa de 1986, el Gobierno valenciano basará sus decretos en la Ley General de Sanidad del mismo año y en la Ley General de Salud Pública de 2011 con el objetivo de dotarse «solo» de las restricciones «necesarias» con «avales técnicos».