Los usuarios del Banco de Alimentos de Valencia: «No queremos cheques, queremos trabajo»

Él es uno de los afectados indirectos por el caso Emarsa , que perdió su trabajo en la depuradora de Pinedo poco después de que aflorara un desfalco de 40 millones de euros de dinero público. Ernesto perdió toda su indemnización por despido en un negocio que había situado “estratégicamente” frente al nuevo estadio del Mestalla, el mismo que continúa varado y a medio construir en la Avenida de las Cortes Valencianas. Fue su ruina definitiva. Ahora, con un subsidio de 400 euros, no le queda más remedio que pedir ayuda. El suyo no es el perfil más común entre los solicitantes de ayuda –que en su mayoría son españoles con un nivel socio-cultural bajo o de la tercera edad-, pero sí uno de los que expresan de forma más clara el efecto directo de la mala gestión política en el destino de un ciudadano común.

Desde primera hora de la mañana, el local de la calle Santa Cruz de Tenerife donde tiene su sede el Banco de Acción Solidaria acusa una actividad y un bullicio notables . Las voces de más de un centenar de personas se confunden en el eco del almacén, donde se apilan enormes cajas de yogures, conservas, paquetes de arroz y pasta, fruta en almíbar, frutos secos, bollería... Examinamos los paquetes: primeras marcas y con margen en las fechas de caducidad. Una parte de estas mercancías ha sido proporcionada por el Ministerio de Agricultura con ayudas de la Unión Europea, y su reparto ha de ser escrupulosamente anotado y supervisado –las inspecciones son habituales-.

El resto de los productos que llegan a este Banco procede de supermercados y empresas con los que se han suscrito convenios , y en menor medida de familias valencianas que contribuyen en la medida de sus posibilidades. Con ellos se atiende además a las personas dependientes (a los que se lleva la comida a casa con el programa “Al teu costat”) y a los llamados “sin techo”. Un martes cada quince días, un grupo de voluntarios lleva alimentos que no necesitan refrigeración ni cocción a las cerca de 170 personas que pernoctan en el antiguo cauce del río Turia.

Los voluntarios, que trabajan de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas , se distribuyen diligentemente las tareas. Unos abren palés y distribuyen su contenido en carros, clasificados en tres categorías: los que se destinan a núcleos familiares de 2-3, 3-4 o más de 12 personas. Otros se sitúan detrás de un mostrador y atienden a los beneficiarios de las ayudas, a las que éstos tienen derecho después de haber acreditado que están empadronados en la ciudad y que la renta per cápita de cada miembro de la familia, después de restar el coste del alquiler o la hipoteca, es inferior a 250 euros. "A diferencia de lo que ocurría hace años, ahora muchos más solicitantes de ayudas tienen trabajo , pero con salarios de miseria de menos de 500 euros al mes, de modo que tienen que venir igualmente cada mes", nos cuenta uno de los voluntarios, que también llama la atención sobre el hecho de los usuarios sudamericanos han menguado sustancialmente. "Antes eran mayoría y ahora solo suponen el 36%, porque muchos se han vuelto a su país".

Cada persona inscrita en el Banco de Acción Solidaria tiene asignado el mismo día de recogida cada mes , y en el mismo orden de atención, de modo que allí algunos se conocen hace años, y son habituales los corrillos durante la espera. Durante las últimas semanas, el tema de conversación habitual es el inminente cierre del servicio de reparto que desde el año 2009 proporciona esta asociación sin ánimo de lucro en un local cedido gratuitamente por el anterior gobierno municipal, que hasta ahora aportaba adicionalmente una subvención anual de 85.000 euros. Los ánimos oscilan entre la preocupación y el cabreo monumental. Temen que no se les brinde una buena alternativa, que ésta tarde en llegar, o que no consigan cumplir con los nuevos requisitos que se establezcan de ahora en adelante para acceder a las ayudas. “ Para que yo no sienta vergüenza lo que tienen que hacer es darme un trabajo, no un cheque ”, reclama una joven venezolana que guarda cola empujando del carrito de su bebé.

El actual equipo del Ayuntamiento defiende un sistema de asistencia social de ayudas directas a las familias, a las que quiere proporcionar un “ cheque mensual ” con el que ellas mismas puedan acudir a comprar al supermercado. La máxima es “acabar con la estigmatización de las personas con riesgo de exclusión”. Para ello, se ha incrementado un 47% las ayudas a la emergencia social y se ha reforzado el personal de servicios sociales a los que deberá derivarse a partir de julio –fecha en la que expira el convenio de colaboración actual con el Consistorio- a las miles de personas a los que en estos momentos da cobertura el Banco de Acción Solidaria de Valencia.

Sierra, fundador ya en el año 1994 del primer Banco de Alimentos de la Comunidad Valenciana en la Pobla de Vallbona, y responsable del que opera también en Oliva, nos enseña listados de productos, memorias de actividad y censo de beneficiarios para demostrarnos que “ aquí hacemos una labor extraordinaria ”. Quiere rebatir las declaraciones de la concejala de Bienestar Social, Consuelo Castillo, que justificó la decisión de no renovar el convenio argumentando que el 87% de las ayudas que percibe el Banco se destinan a pagar nóminas. Jaime explica que ninguno de los 27 voluntarios que trabajan en la sede de Valencia -en su mayoría jubilados, prejubilados o desempleados- cobra un salario. Sí lo hacen sin embargo dos administrativas, un transportista y el presidente de la asociación, Jaime Sierra, que percibe 12 pagas de 1.400 euros netos al mes . Con la subvención municipal se sufragan estos gastos, además de los de alquiler de cámaras de refrigeración, suministros de luz y agua, etc.

En opinión del presidente de este centro, la precipitación con la que se ha querido clausurar el centro puede dejar desatendidas a más de 4.000 personas. Su razonamiento es el siguiente: “ El Ayuntamiento está dando fecha para dentro de tres o cuatro meses a las personas que acuden ahora a pedir la nueva ayuda a los servicios sociales. Imagínate cómo será cuando se les vengan encima todos los que dejarán de recibir comida aquí a partir del 22 de junio, que es nuestro último día de repartos. ¿Qué va a hacer esta gente durante los meses que tengan que esperar a la tramitación de su cheque? ¿Y cómo van a hacer frente a los cerca de once millones de euros al año adicionales que calculo que costará atenderles, si pretenden ofrecer cheques de 300 euros al mes?”, se pregunta.