El urbanismo «mete» en la UE a Alicante

La Unión Europea (UE), que no suele acordarse de la provincia de Alicante excepto cuando se habla de trasvases, volverá a enviar una expedición de europarlamentarios para comprobar sobre el terreno la

POR DAVID MARTÍNEZ. ALICANTE.
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La Unión Europea (UE), que no suele acordarse de la provincia de Alicante excepto cuando se habla de trasvases, volverá a enviar una expedición de europarlamentarios para comprobar sobre el terreno la supuesta especulación urbanística que se dice se lleva a cabo en una de las regiones españolas con más kilómetros de suelo protegido.

La visita se producirá finalmente pese a que el PP europeo pidió que se aplazase hasta después de las elecciones, para evitar un uso partidista de la misma. Sin embargo, y más allá de que ese interés partidista exista, lo cierto es que la expedición está claramente orientada hacia municipios gobernados por los populares.

En este sentido, el parlamentario popular Carlos Iturgaiz considera que «se está tratando de hacer una sangría» con la Comunidad, porque «es la tercera visita por irregularidades urbanísticas». Según Iturgaiz, esta visita «no tiene precedentes en ningún otro Estado miembro».

Los europarlamentarios viajarán en primer lugar a Madrid, el próximo martes. El miércoles se desplazarán a la provincia de Almería, para comenzar con la inspección al urbanismo de Alicante el miércoles. Durante su estancia en la provincia, la misión recorrerá Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benisa. La visita continuará el viernes, en Denia y Jávea, pasará por la provincia de Valencia y terminará en la de Castellón antes de volver a Madrid.

Seis del PP, tres del PSPV

En total, en la provincia de Alicante serán seis municipios gobernados por el PP los que serán inspeccionados por la UE, mientras sólo se visitará tres municipios socialistas. En Valencia y Castellón todas las visitas se centrarán en localidades con ayuntamientos populares. En cada municipio, los parlamentarios europeos se reunirán con los colectivos vecinales que han denunciado las supuestas irregularidades.

Orihuela

Si se cumplen las previsiones, la primera visita de la euromisión les llevará a Orihuela. El alcalde oriolano, José Manuel Medina, está acusado por el fiscal Anticorrupción de un presunto delito contra la ordenación del territorio, tras aprobar dos planes parciales -con el voto contrario de parte del PP- a un promotor cuyo chalé y vehículo utilizaba. Los dos planes afectaban a suelo no urbanizable.

Recientemente se aprobó un nuevo plan que urbanizará la única franja de litoral virgen que queda en el término municipal.

Torrevieja

Una de las visitas más difícilmente justificable se llevará a cabo en Torrevieja. Si bien el alcalde, Pedro Hernández Mateo, fue imputado tras una denuncia de los Verdes, originada por una operación particular de compraventa de terrenos -en otro municipio-, el crecimiento urbanístico de Torrevieja no ha sido por ahora objeto de denuncias vecinales. El PSPV, en cambio, critica que el Ayuntamiento pretende recalificar una parcela cercana al parque natural de La Mata, propiedad de la empresa a la que Hernández Mateo vendió sus terrenos.

Sin salir de la Vega Baja, la expedición visitará, tras San Miguel de Salinas -donde una ordenanza dictada a finales de 2006 excluye a los representantes de la oposición de la comisión que aprueba los planes parciales-, dos municipios socialistas cuyo crecimiento sí ha sido objeto de quejas.

Catral

El alcalde de Catral, el socialista José Manuel Rodríguez Leal, fue denunciado junto con el resto de su junta de gobierno por una asociación de consumidores, e imputado recientemente por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Según los datos del Consell, en Catral existen más de un millar de viviendas en situación irregular, al construirse en suelo rústico con licencias de obra menor.

La Conselleria de Territorio prevé comenzar en abril el precinto de las viviendas cuya legalización resulte imposible -varias se encuentran dentro del perímetro protegido de un parque natural-, así como el corte de suministro. Las notificaciones a los propietarios afectados -extranjeros, en su mayoría- comenzarán a enviarse en breve, según el conseller Esteban González Pons.

Rojales

El municipio de Rojales se ha convertido en los últimos años en el de mayor proporción de habitantes extranjeros censados. La mayoría de sus nuevos residentes, de edad avanzada, compran chalés en las afueras del casco urbano. Las quejas sobre deficiencias en las construcciones, que han sido reflejadas incluso en la prensa británica, llevó a los residentes europeos a crear un partido político.

Los principales defectos denunciados son los malos acabados, la ausencia de suministro eléctrico e hidráulico, y la inexistencia de viales y asfaltado en las supuestas calles donde se construyen las viviendas.

Ibi

En el industrial municipio del interior de la provincia, gobernado por la popular Mayte Parra, escasean las controversias urbanísticas tan habituales en los últimos años en la comarca alicantina de la Vega Baja. Sin embargo, uno de los escasos proyectos de ampliación del casco urbano que se ha presentado en la legislatura, un plan parcial que prevé 1.100 viviendas, motivó tímidas protestas vecinales y una recogida de firmas que cristaliza con la visita de la expedición de europarlamentarios.

Parcent

La oposición vecinal a tres planes parciales ha logrado que se suspenda la tramitación de uno de ellos -que contaba con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponiblidad de recursos hídricos-, después de que el TSJ paralizase otro. De hecho, la visita de los parlamentarios europeos está, en gran medida, motivada por las quejas que la plataforma vecinal ha hecho llegar a la Comisión de Peticiones.

El «éxito» de los habitantes de Parcent al frenar unas actuaciones que preveían 1.800 viviendas -en un municipio con 1.000 vecinos censados-, respaldados por recomendaciones de la síndica de Greuges, Emilia Caballero, y del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica -ambos socialistas-, ha motivado que se comience a hablar de la «doctrina Parcent» para oponerse a cualquier actuación urbanística fuera del Plan General.

Denia

En la presente legislatura, la alcaldesa socialista de Denia, Paqui Viciano, ha expedido más licencias de obra mayor que en cualquier otra. El PP denuncia que de un municipio «horizontal» se ha pasado a autorizar edificios de siete plantas. Hace seis meses que el Consistorio debía haber presentado a Territorio el concierto previo del Plan General.

Antes de llegar a Denia, los parlamentarios europeos visitarán Benisa. La pequeña localidad gobernada por el PP se vio envuelta hace meses en una controversia tras adjudicar un proyecto urbanístico.